El desenlace de la última acusación constitucional volvió a confirmar que la centroizquierda no está dispuesta a asumir que su actual realidad solo es el resultado de las decisiones que lleva tomando por más de una década.
Parece insólito que existan dudas sobre su deber de pronunciarse respecto de criterios básicos de las finanzas públicas, sobre todo cuando la ley le dio la atribución de “evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones”.
