A inicios de este año se creó por ley el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que vino a reemplazar al Consejo Fiscal Asesor. De acuerdo al mensaje del proyecto redactado por la administración actual, el objetivo de la ley es “reforzar tanto su mandato como su autonomía, de modo de fortalecer su impacto en el buen funcionamiento de la política fiscal”. Para ello cambió la forma de designar a sus miembros, lo dotó de recursos y lo mandató a contribuir con el manejo responsable de la política fiscal.
Con sorpresa hemos sabido que, ante una consulta del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado al CFA sobre la pertinencia de incluir ingresos no legislados en el presupuesto, el consejo acordó solicitar a la Contraloría su opinión respecto de si sus atribuciones incluyen abordar esta temática. Parece insólito que existan dudas sobre su deber de pronunciarse respecto de criterios básicos de las finanzas públicas, sobre todo cuando la ley le dio la atribución de “evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones”.
De este modo, el consejo ha perdido la oportunidad de instalarse como un organismo realmente autónomo, disponible para asumir competencias relevantes. Si el consejo necesita pedir permiso para resolver temas que tienen connotaciones políticas, entonces no es de utilidad. Más aún, si se concreta el (improbable) escenario de que la Contraloría indique que el CFA no puede opinar sobre temas que naturalmente pertenecen a su ámbito, entonces el organismo fue mal concebido y cabe hacer una reforma que genere un consejo de eficacia real.
Autores: Andrea Repetto, José De Gregorio, Eduardo Engel y Rodrigo Valdés.