Circunstancias inesperadas terminaron abriendo las puertas para que la sociedad chilena pueda finalmente abordar uno de sus grandes déficits de las últimas décadas: el disenso sobre la legitimidad de su constitución política.
La decisión del gobierno de abrirse a una nueva Constitución, de inclinarse sin mayores precisiones por un Congreso constituyente, y de anunciarlo entre gallos y medianoche, sin la más mínima formalidad, fue entendida como una total capitulación.
El problema es que, en el actual cuadro de debilidad, el gobierno tiene un margen casi nulo para mantener sus convicciones en las distintas reformas en curso.
Más que un asunto normativo e ideológico, sería un problema de poder, y esa es la razón por la cual él mismo tiende a exacerbarse cuando la centroizquierda está en la oposición.
Lo que se inicia a partir de ahora no es un “segundo tiempo”, sino un nuevo gobierno, un período donde los equipos, las prioridades y los estilos de gestión serán elementos que, en buena medida, definirán el curso de los extraordinarios sucesos vividos en los últimos días.
¿Es posible que nuestras autoridades políticas reaccionen a la altura de lo vivido este fin de semana? De lo observado hasta aquí es muy poco probable.
El desenlace de la última acusación constitucional volvió a confirmar que la centroizquierda no está dispuesta a asumir que su actual realidad solo es el resultado de las decisiones que lleva tomando por más de una década.
La caída de Peñailillo y los demoledores efectos que esta trama tuvo en la imagen de Bachelet sirvieron para recomponer un equilibrio roto a partir del caso Penta.
Cuando la polarización política empieza a expresarse en una voluntad explícita de debilitar las instituciones, los países inician un camino muy riesgoso.
