Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el sur de Chile es devastador. Más de 400 mil hectáreas arrasadas por el fuego, 25 personas fallecidas, miles de animales muertos, bosques, escuelas y reductos productivos reducidos a cenizas.
Las autoridades respondieron a la emergencia; el presidente y sus ministros suspendieron vacaciones y se desplegaron en terreno. Bomberos, brigadistas y agrupaciones de protección animal han estado a la altura, pero el gobierno sigue teniendo una actitud hasta hora inexplicable frente a un aspecto central de este drama: el de la intencionalidad. Hace unos días el ministro Montes afirmaba que “sería una situación muy compleja” que existieran focos intencionales, apresurándose a señalar que no hay ningún dato concreto que permita afirmar que ello tiene fundamento.
Poco antes, La Moneda ya había intentado desperfilar este debate, buscando establecer un nexo entre los incendios y la industria forestal. Fue el propio presidente Boric quien aprovechó el contexto para sostener el imperativo de reevaluar las eventuales debilidades del marco regulatorio de dicha actividad, lo que luego fue utilizado por el ministro de Agricultura para derechamente plantear un “royalty forestal”. La ministra Tohá, entendiendo lo que esto podía implicar, decidió cerrar de plano la controversia.
Pero el dilema de la intencionalidad ha continuado persiguiendo a un gobierno que no logra disimular su incomodidad con la materia. Esta semana se llegó a plantear la macabra tesis de que los conejos que huyen del fuego podrían ser también un factor de propagación. Algo quizá con asidero, pero que traído a colación justo cuando Conaf señala que, según sus antecedentes, más del 40% de los incendios serían intencionales, resulta al menos sospechoso. Es decir, mirando la secuencia, tras el explícito intento de establecer una conexión entre incendios y actividad forestal, ahora el ministro Montes busca que la atención pública se desplace a los conejos, cuando el organismo público encargado de investigar las causas de los incendios confirma que un porcentaje significativo de ellos tiene un origen intencional.
Que el gobierno insista en no querer hacerse cargo de esta realidad y de todo lo que ella implica en términos políticos y de orden público sólo puede generar suspicacia. ¿Qué se oculta? ¿Por qué se llega hasta la remota eventualidad de que conejos u otros animales quemándose pudieran ser un factor incidente, cuando la propia Conaf entrega elementos en otra dirección, mucho más sólida y consistente con las evidencias?
Sobra decirlo, pero el primer interesado en saber si hay aquí intencionalidades humanas debiera ser el gobierno. Y, de haberlas, también en perseguirlas y sancionarlas con todo el rigor de la ley. Pero en Chile se han normalizado otras lógicas, otras agendas, y para ocultarlas ya no es extraño ni siquiera sacar del sombrero conejos que propagan el fuego mientras se queman vivos.
Publicada en La Tercera.