El Senado aprobó el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, el cual garantiza los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales, promoviendo –dentro de otras medidas- la atención interdisciplinaria de la salud mental, el derecho a ejercer consentimiento libre e informado de tratamientos, entre otros. Actualmente el proyecto está en la Cámara de Diputados para discusión.
Desde la Escuela de Psicología, destacan la iniciativa porque permite visibilizar y desmitificar temas en torno a la salud mental de las personas, “esta ley permite visibilizar una temática que por años aparece en segundo plano ante temas de “salud física”, indica Claudia Cruzat, vicedecana de la Escuela de Psicología, y “reconoce que las personas con problemas de salud mental o discapacidad psíquica o intelectual son “sujetos de derechos””, agrega la académica de la Escuela de Psicología, Ruth Weinstein.
Las académicas explican que lo importante no es solo visibilizar sino también desmitificar y educar en torno a la salud mental, “nadie juzgaría, culparía o discriminaría a un paciente con cáncer, diabetes o hipertensión, no ocurre lo mismo con una persona con un trastorno del ánimo, ansioso o trastorno alimentario, por dar algunos ejemplos, que en ocasiones prefieren esconder y no buscar ayuda por miedo al estigma y rótulo y al rechazo social”, indica Claudia. En esta misma línea, las expertas comentan que hay mucho desconocimiento en torno a la salud mental, por lo que, si la población se educa en torno a estos temas, más probablemente pida ayuda oportunamente, sin esperar que el problema se agrave o cronifique.
Si bien hay muchas aristas para abordar el problema, el proyecto de ley es un avance para iniciar un cambio social respecto a las enfermedades mentales, sin embargo, la académica de la Escuela de Psicología, Isidora Paiva, indica que es necesario “acompañar esta ley de psicoeducación para disminuir las probabilidades de presentar un trastorno de la salud mental, promoviendo un uso adecuado del lenguaje, entregando herramientas de autorregulación emocional desde la niñez, fomentar espacios más seguros a nivel educacional y laboral, promover la creación de redes de apoyo en la comunidad, para hacer frente a este problema”.
Finalmente, es relevante comprender que somos personas que se relacionan con el entorno, comunidades, que deben actuar en beneficio común, por lo que también hay una responsabilidad colectiva que se puede desarrollar en paralelo a esta medida, y es que “como personas podemos preocuparnos de crear espacios seguros para no tener miedo de mostrarnos y comunicar quiénes somos, pedir ayuda cuando sea necesario y apoyarnos en comunidad”, agrega Isidora.
La creación de este proyecto de ley sin duda es un avance en el camino de la visibilización de las enfermedades mentales como un problema de salud pública, y desde la Escuela “esperamos que, a partir de la generación de políticas en torno a la salud mental, se genere mayor accesibilidad a tratamientos eficientes, eficaces y oportunos para toda la población, no solo para sectores privilegiados, dado los altos costos donde hoy día solo un porcentaje de la población tiene acceso a tratamientos especializados y, en ocasiones, que requieran equipos multidisplinarios”, complementa Claudia Cruzat.