La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de dar marcha atrás en el carácter obligatorio del cambio de los medidores eléctricos puede significar una buena noticia, sobre todo porque para gran parte de la ciudadanía la llegada forzosa de los aparatos “inteligentes” había caído como balde de agua fría para sus ya complicados bolsillos.

Pero además, el anuncio de estos artefactos de nueva generación había creado un magro escenario para la aprobación presidencial, la que en la primera encuesta Cadem post anuncio había caído en siete puntos, llegando a 37% a comienzos de marzo. Más de un mes ha pasado desde aquello y el Mandatario todavía no repunta. La última medición de la misma empresa, esta semana que termina, muestra que solo un 36% considera que está haciendo bien el trabajo.

Desde esa perspectiva, la decisión de echar pie atrás en la obligatoriedad del recambio parece una determinación sensata. Sin embargo, lo cierto es que la forma en la que el Presidente decidió solucionar el problema no hace sino mostrar cierta inconsecuencia que bien podría considerarse populista y que puede encerrar ciertos peligros no solo para la figura del jefe de Estado, sino también para la institucionalidad del país.

La situación no es nueva. Ya sucedió cuando Piñera propuso nombrar como miembros del directorio de TVN al UDI Gonzalo Cordero, el RN Sebastián Guerrero y el Evopoli Jorge Saint-Jean, precisamente hace un año atrás. Apenas conocido el listado -que incluía a puros hombres-, las voces de alerta se hicieron sentir. El movimiento feminista tomaba fuerza y, además, había una normativa que comenzaría a regir solo unos meses más tarde y que establecía reglamentariamente que debía haber paridad de género en la instancia. Dado lo anterior, rápidamente el gobierno echó pie atrás y propuso nuevos nombres, que obviamente incluían a mujeres.

Durante su primer gobierno, la misma situación explotó a raíz de la central hidroeléctrica de Punta de Choros. Pese a que la
propuesta había superado todas las instancias de decisión, incluido el comité de ministros, y mientras las protestas y las redes sociales hervían, el Presidente decidió unilateralmente que Punta de Choros no iba. Y así fue, lo que nuevamente le valió críticas por haber pasado a llevar la institucionalidad del país.

Y ese es el peligro precisamente inmerso en las decisiones que se basan más en la temperatura de la calle o de las redes sociales, que en elementos técnicos o políticos. Suponiendo que la definición inicial -la obligatoriedad de los medidores inteligentes, en este caso- era una determinación analizada, medida y estudiada, no se entiende entonces que de la noche a la mañana haya dejado de ser así. Mucho menos se entiende que el cambio se deba a la molestia de la ciudadanía, si es que –nuevamente la decisión había sido tomada de manera seria.

El riesgo implícito en esta forma de operar donde “nunca quedas mal con nadie” (parafraseando a Los Prisioneros) está en que en la práctica aquello es imposible. La realidad es que con vueltas de carnero como esta, no solo la institucionalidad queda deteriorada, sino también la imagen del Presidente. Y aun así, no quedará bien con todos. El dicho “palos porque bogas y palos porque no bogas” bien se aplica aquí, pero lo que no tiene sentido entonces es “dejar de bogar”.

El Presidente no puede gobernar de acuerdo al capricho de la ciudadanía, porque esta es veleidosa y no siempre tiene claro lo que quiere. O si lo que quiere es realmente lo que le conviene.

Un ejemplo es lo que pasó en el gobierno anterior, cuando Michelle Bachelet quiso cambiar el sistema de las AFP. Si bien la reforma previsional era uno de los temas establecidos en su programa de gobierno, fueron las marchas y consignas las que marcaron en gran medida el contenido de las modificaciones.

La gente denostaba el sistema de pensiones y así lo hizo saber ruidosa y multitudinariamente en las calles. Sin embargo, cuando la reforma vio la luz ya la ciudadanía no estaba tan convencida de los cambios. Sobre todo de que el 2% fuera a dar a un fondo solidario. Las redes sociales no querían más AFP, pero tampoco estaban dispuestas a que sus fondos se repartieran. Lo cierto es que la ciudadanía elige a los presidentes para que tomen decisiones y se las crean, no para que gobiernen de acuerdo a lo que el clima dice. Aunque esto signifique ponerse los pantalones y asumir el chaparrón.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.