En los últimos días hemos visto a autoridades públicas y directivos de empresas locales e internacionales dispuestos a aportar, por medio de una reducción de sus ingresos, a sortear la crisis del covid-19.

Sin embargo, cuando se trata de enfrentar desafíos relacionados con la salud, hay que recordar que nuestro marco legal no solo no incentiva, sino que además establece un impuesto a la donación de personas de cualquier nivel de renta. Hoy un trabajador dependiente o independiente, si aporta dinero, especies o un servicio a instituciones sin fines de lucro abocadas a atender o prevenir enfermedades, debe pagar un impuesto y contar: con autorización judicial.

Esta crisis plantea una oportunidad para proponer un acuerdo político transversal orientado a modernizar nuestro sistema legal de donaciones y facilitar que todos colaboremos al bienestar de nuestra comunidad.

Publicado en El Mercurio.