Los partidos políticos atraviesan una profunda crisis de legitimidad. En la última encuesta CEP de enero pasado, sólo un 4% de la población dijo tener confianza en ellos, siendo la institución con el más bajo porcentaje. Según el mismo estudio, durante el gobierno de Patricio Aylwin un 86% de la gente llegó a sentirse en algún momento identificada con alguna colectividad; hoy esa cifra alcanza apenas al 19%. En rigor, datos y señales elocuentes de un progresivo deterioro, que sólo se explica por las conductas y las prácticas que las colectividades han realizado y amparado a lo largo de los años.
Luego de la derrota de la Concertación en 2010, sus partidos no estuvieron dispuestos a realizar la más mínima autocrítica. Hicieron de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami la explicación perfecta de su fracaso y se sumaron luego con un oportunismo descarado a la marea del movimiento estudiantil; en el intertanto, cuestionaron y renegaron de lo que habían hecho durante sus veinte años en el poder, y terminaron arropándose en la popularidad de Michelle Bachelet, como el milagroso salvavidas para retornar sin esfuerzo al poder.
En la derecha ocurrió después algo similar. Hicieron con Sebastián Piñera un gobierno con buenos indicadores en materia de gestión, pero desastroso en términos de conducción política. Al final, fueron barridos en una elección presidencial y parlamentaria en que obtuvieron sus peores cifras desde el retorno a la democracia. Y los partidos que sostuvieron esa administración no efectuaron tampoco ninguna autocrítica, ni el más mínimo intento de asumir responsabilidades. Simplemente culparon a Piñera y a sus ministros -que sin duda tuvieron una gran parte en el fracaso político- , pero ellos, no asumieron ninguna.
Ahora están complicados porque, en un país de 17 millones de personas, varios no están logrando conseguir la miserable cifra de 18 mil militantes inscritos. Culpan al empedrado, quieren extender los plazos y no pocos usan a la democracia como rehén de sus pretensiones: “no hay sistema democrático sin partidos”, “es necesario darles más facilidades”. Es decir, quienes han llevado las cosas hasta aquí, los autores materiales de esta tragicomedia, muchos de los cuales están siendo juzgados por financiamiento ilegal de sus campañas e incluso de eventual cohecho, los que tienen a sus operadores administrando el Sename, el Registro Civil y la Conaf, pretenden hoy día convencer al país de que este es sólo un ‘problema de plazos’.
En los próximos meses, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera van a ser los árboles a los cuales se van a terminar arrimando los partidos de gobierno y oposición, para intentar retener algo de popularidad sin hacer ningún cambio de fondo. Como antes fue con Bachelet, buscarán secuestrar sus candidaturas, imponer sus términos y sus elencos en los comandos. Intentarán cerrar todas las puertas a las nuevas fuerzas políticas, seguirán ‘cuoteando’ los directorios de las empresas públicas, del Banco Central y hasta del propio Servel, que debe fijarles con supuesta independencia las reglas del juego. Y finalmente, van a volver extorsionar al país, amenazándolo con las penas del infierno sino se hacen las cosas en función de sus intereses.
No hay duda: se las van a arreglar para no quedar fuera de la ley, pero ese es el menor de los problemas. El constante deterioro de las instituciones, la cada día peor calidad de las políticas públicas, la ‘captura’ del Estado, entre otras cosas, son el mar de fondo de estos partidos secuestrados por intereses particulares, por autoridades a las que no le ‘gustan’ los aportes privados cuando se trata de arrendar aviones para apagar incendios, pero los reciben felices a la hora de financiar sus campañas.
Al final del día, el descrédito y la pérdida de confianza hacia los partidos que se observa en las encuestas, no es otra cosa que una señal de sensatez, evidencia indesmentible de que la inmensa mayoría de los chilenos sabe dónde está hoy día la raíz de muchos de los problemas actuales.