La amenaza de acusación constitucional se ha transformado a estas alturas en un verdadero rictus, una fijación de la que, al parecer, la oposición no sabe ni puede desprenderse. Esta semana, la entrevista a un exgeneral de Carabineros sirvió para reinstalarla, aunque los antecedentes entregados por el exuniformado no hacían más que confirmar lo ya sabido: Camilo Catrillanca no estaba armado al momento de su muerte y no participaba de ningún enfrentamiento, cosas que el gobierno jamás insinuó. Si en un primer momento se habló de “enfrentamiento” fue porque los antecedentes oficiales entregados por Carabineros apuntaban en esa dirección, aunque ninguna versión llegó a señalar que la única víctima mortal estuviera directamente involucrada en ellos.
Pero bastó reiterar que la autoridad política siempre supo de la inocencia de Catrillanca para que el fantasma de la acusación constitucional se instalara de nuevo. Curiosamente, esta vez la oposición decidió que era oportuno y conveniente creer a ciegas en las palabras de un general ya removido de la institución por sus presuntos vínculos con estos hechos. Así, en el contexto de las medidas impulsadas desde marzo por el Ejecutivo para sancionar las mentiras y encubrimientos asociados a la operación Huracán, al megafraude y ahora al caso Catrillanca, la centroizquierda optó por dar sustento a una vendetta de los sectores afectados, en la medida en que ello permitía golpear al gobierno.
Al final, tampoco sirvió: la oposición volvió a tropezar con sus divisiones internas, con la falta de rigor a la hora de evaluar los fundamentos de la iniciativa, y con su desprolija obsesión por remover al ministro Chadwick, principal pieza del diseño político de esta administración. Una obsesión que, en rigor, no es más que el síntoma de un largo y profundo deterioro, de la incapacidad para recomponerse luego de un fracaso histórico, y de una dispersión que hasta ahora hace difícil pensar en la futura convergencia en torno a un proyecto político mínimamente consistente.
Fiel exponente de esta realidad, la crónica distancia que la DC muestra ante estos esfuerzos por destituir autoridades confirma la magnitud del disenso táctico que hoy recorre a la ex Nueva Mayoría; signos de una desafección que desde hace tiempo se extiende en la Falange, asociada a la magnitud de los costos políticos que para ella implica seguir subordinada a los imperativos hegemónicos de la izquierda. En paralelo, la incapacidad de la propia izquierda para entender la naturaleza de este fenómeno y, por tanto, para asumir que la DC dejó de ser un elemento que pueda mecánicamente agregarse a este tipo de iniciativa, solo viene confirmar la profundidad del problema.
Una reciente encuesta Cadem ilustró las secuelas de estos dilemas a nivel de opinión pública, es decir, el precio de no poder desprenderse de la lógica de encubrir debilidades propias buscando dañar al adversario a cualquier precio: el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría se ubican hoy entre las cuatro instituciones más desprestigiadas del país.
Publicado en La Tercera.