No fue el mejor de los debut. Las palabras de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, en medio de su postulación para ascender a la Suprema, encendieron las alertas en el mundo político, judicial y, cómo no, en los medios de comunicación.
Sus dichos en cuanto a que “hay que regular a la prensa”, pues “no puede ser que cuando una persona llega a un momento tan trascendente e importante en su vida, que es la culminación, sea objeto de gestiones de esta clase”, causaron preocupación por su gravedad y sobresalieron, lamentablemente, más que su exposición “sólida, franca y muy clarificadora”, de acuerdo a los senadores presentes en la comisión de Constitución.
Según los parlamentarios, Lusic aclaró de forma “categórica” todas las dudas respecto de los cuestionamientos que se le habían hecho por decisiones que ha tomado en el ámbito judicial durante su gestión en la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Para qué entonces incendiar la pradera? Su alocución en torno a la labor de la prensa –respecto de lo cual tiene algo de tejado de vidrio, por algunos fallos en los que precisamente afectó el derecho a la libertad de expresión en la década de los ‘90, según lo recordó esta semana el periodista Francisco Martorell- opacó sus supuestas buenas intenciones y su posibilidad de mostrar una amplia capacidad para hacerse del cargo en la Suprema.
Pero aquí hay dos temas que se entremezclan. El primero, no se entiende que una persona como Dobra Lusic, ligada hace más de 40 años al Poder Judicial y con una experiencia a prueba de balas, cometa este error haciendo caso omiso a que ya existe una normativa que regula a la prensa. Se trata de la Ley 19733, sobre Libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, la que no solo establece la facultad de informar, sino que también se concentra en los delitos en los que puede incurrir la prensa, dejando claro el derecho de cualquier persona a acudir a tribunales si considera que fue injustamente tratada por los medios.
A esa legislación se agrega –desde la autoregulación- la labor del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que tiene –desde 1990- la misión de “promover la ética periodística en el ámbito de la información y representar, dentro de sus atribuciones, las infracciones que contra ella se cometan” y la tarea que realiza también el Consejo Nacional de Televisión, en el caso de las emisiones audiovisuales.
A partir de estas tres instancias, Lusic debiera tener claro que la prensa está regulada, y que sus deberes y sanciones asociadas están más que establecidas.
Pero en segundo lugar, con sus palabras –que luego intentó morigerar, habida cuenta de los cuestionamientos que recibió incluso desde el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito- la ministra afecta peligrosamente uno de los derechos más importantes en el resguardo de la democracia. No por nada, se trata de una facultad establecida en la Constitución e incluso contenida en la Declaración Universal de DD.HH. de la ONU.
De acuerdo a la entidad internacional, el derecho a la información está integrado por tres potestades distintas: el derecho a recibir información, el de investigar y el de difundir material. Lo anterior presupone –y así queda claro en la normativa- que al momento de informar, el periodista tiene absoluta responsabilidad respecto de lo emitido; que este siempre debe tener presente el bien común y el de la sociedad, y que se trata también de un derecho del público a estar informado veraz y honestamente.
En este escenario, las palabras de Lusic aparecen no como un desaguisado, sino como un error de la máxima gravedad. A la vista están las consecuencias de lo que ha sucedido en Chile y en otros lugares del mundo cuando la prensa ha sido acallada bajo el pretexto de prevenir sus “excesos”. Así como hace 40 años nuestro país vivió el cierre por parte de la Junta Militar de un sinfín de medios y la consiguiente vulneración del derecho de la ciudadanía a saber lo que pasaba en su nación, hoy en Venezuela es prácticamente imposible saber qué ocurre, sin no se tiene acceso a medios internacionales, tal como sucede también en Corea del Norte o Cuba.
El único afectado aquí es el ciudadano, que no tiene los insumos suficientes para poder tomar decisiones adecuadas. Y la institucionalidad del país, que sin fiscalización, puede ver su democracia desmoronada.
Finalmente, cuando la ministra pide “regular a la prensa”, bien le vendría como consejo partir por casa y regular sus palabras antes de que sea demasiado tarde y tenga que salir a explicar lo inexplicable.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.