La gratuidad en educación superior es una política equivocada. Ocupa recursos públicos que tienen mejores usos alternativos y es intertemporalmente regresiva. Aun así, es un lugar común decir que llegó para quedarse. Pero lo cierto es que son diversos los países que alguna vez tuvieron gratuidad y que la han abandonado.
Con todo, ahí está la nueva Ley de Educación Superior que consagra la gratuidad universal; claro que como está atada a la carga tributaria, podría tardar del orden de 60 años en concretarse. Esta lentitud y los límites impuestos a la duración del beneficio no están ahí por un error de tipeo o un descuido, sino que responden a la fuerza de nuestra restricción presupuestaria y de los costos alternativos de los recursos. Nadie que se haya asomado a los años de discusión parlamentaria, en el contexto de un gobierno que impulsaba dicha ley y que contaba con mayoría en ambas cámaras, puede desconocer ello de buena fe.
Hoy, sin embargo, muchos piden más recursos para gratuidad. En un escenario que era predecible, se levanta el problema de qué hacer con los jóvenes que estudian con gratuidad y que están atrasados en sus carreras. Se argumenta que la responsabilidad de los atrasos no es atribuible plenamente a los estudiantes ni a las instituciones y que, por tanto, el Estado debe correr con, al menos, parte de los costos. Pero este no es el debate relevante. En la práctica se está proponiendo extender la gratuidad, más allá de lo que se zanjó democráticamente, sin hacerse cargo de las razones, de justicia y eficiencia, para oponerse, desde luego, a la gratuidad universal, pero también a una extensión de ella en su estado actual. En tanto, dejamos de preguntarnos por qué nuestros estudiantes obtienen sus primeros grados universitarios casi dos años después que el promedio de los países de la OCDE y si ello realmente agrega valor a los estudiantes o al país. También dejamos de preguntarnos por qué la duración real de los estudios supera tanto a la informada.
Es fácil culpar al sistema escolar de esta realidad o a la vulnerabilidad de los estudiantes. Pero lo cierto es que todos los universitarios del país cursan carreras largas, y que en otras latitudes, con sistemas escolares similares al nuestro, jóvenes igual de vulnerables pasan menos tiempo en las aulas. Es un despropósito situar el problema solo en los estudiantes.
Se ha convocado recientemente al Panel de Expertos que tiene la responsabilidad de aprobar la metodología con la que la Subsecretaría de Educación Superior determinará los aportes por gratuidad. Estos, de acuerdo con la ley, deben basarse en los costos de proveer cada carrera. Las asimetrías son enormes y podemos anticipar que, entonces, las instituciones estarán insatisfechas con los aportes definidos y propondrán convenientes esquemas, en algunos casos, discriminatorios, para conseguir más dinero del Estado. En otras palabras, extrañan recibir los aranceles que antes cobraban, y para qué enemistarse con sus estudiantes, si se puede presionar al Estado.
Para los años venideros vislumbramos también que la lentitud del avance hacia la gratuidad universal (el que probablemente lleva la firma de la Dipres) se hará cada vez más patente, y empezaremos con las demandas de avanzar más por aquí y por allá. Algo de esto ya vimos en la última elección presidencial.
En suma, el gasto público para educación superior aumentó en un 85% entre 2014 y 2019. El presupuesto 2019 para gratuidad suma cerca de 1.700 millones de dólares, es decir, del orden de 4.900 dólares por estudiante. Mientras tanto, la subvención a alumno prioritario (SEP) tiene un valor de 1.800 dólares al año, la pensión básica solidaria suma menos de 2.000 dólares anuales y el aporte del Estado a mujeres embarazadas del quintil más pobre es, como máximo, 122 dólares al año. Pero, aun así, se quiere expandir la gratuidad más allá de lo que se definió democráticamente y se pretende que lo hagamos sin mayor cuestionamiento a su justicia. Hay algo que no cuadra.
La gratuidad hoy acapara no solo nuestros recursos, sino también nuestros debates posibles. En educación superior hemos hablado prácticamente solo de ella. Tememos que eso siga así por un buen tiempo. Mientras tanto, ni siquiera nos estamos preguntando, entre otras cosas, cómo mejorar la calidad de nuestras universidades, cómo fomentar la investigación de punta, cómo reducir la deserción y cómo asegurar la pertinencia de los miles de carreras que se ofrecen en el país.
Estamos envueltos en una comedia de equivocaciones y, también, en un debate poco edificante. La gratuidad se ha convertido en un verdadero hoyo negro que no permite que ninguna materia escape de ella.
Columna coescrita con Loreto Cox, Centro de Estudios Públicos.
Publicado en El Mercurio.