Alan García decidió responder a los antecedentes sobre su presunto vínculo con el caso Odebrecht pegándose un tiro. Prefirió la muerte a tener que enfrentar los requerimientos de la Justicia, en un país donde ya hay varios expresidentes procesados, que están en la cárcel, han pasado por ella o se encuentran prófugos; cárcel en la que también se encuentra la principal líder de la oposición -Keiko Fujimori- y una decena de exautoridades de diversos gobiernos.
Pero la situación del Perú no es muy distinta a la de otros países de la región; en Brasil, Lula da Silva se encuentra tras las rejas y Michel Temer está siendo investigado; en Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner tiene varios procesos abiertos, al igual que el expresidente Santos en Colombia. Como una bomba de racimo, cada semana agrega nuevos nombres a la lista de caídos en desgracia.
Salvo en Chile, donde aparentemente los tentáculos de Odebrecht no lograron penetrar nuestro bien armado sistema de licitaciones públicas, permitiéndonos ser en esta trama una aparente excepción. Ejemplaridad relativa, en todo caso, ya que posee su contracara en la forma como se encararon aquí otro tipo de irregularidades, un sistema masivo y transversal de financiamiento de campañas y actividades políticas, que terminó en un acuerdo silencioso para que tanto los que entregaron recursos de manera irregular y aquellos que los recibieron, quedaran en la impunidad.
En Chile hubo campañas y “precampañas” presidenciales financiadas por grandes grupos económicos, cuyos nombres cualquier ciudadano informado conoce y que no recibieron sanción ninguna. Tampoco sabemos qué obtuvieron a cambio por su generosidad. Es que tuvimos también un gobierno que le ordenó al SII no presentar querellas en casos de delitos tributarios con fines políticos, y una Fiscalía Nacional que, sin querellas, consideró que lo pertinente era dejar esos eventuales delitos sin investigar. Fácil, cómodo y conveniente para todos, hasta el punto que hoy un fiscal en ejercicio puede ser secretario del Senado, con el voto de alguien que quizá debió ser investigado (y eventualmente sancionado) si el financiamiento ilegal de las campañas se hubiera perseguido en serio.
“Razones de Estado” le llaman en Chile a “eso” que permite justificar los pactos de silencio. Sin ir más lejos, recién asumida la jefatura del Ministerio Público, Jorge Abbott afirmó que las investigaciones debían cuidar el prestigio y el funcionamiento de las instituciones. En eso, sin duda, la “eficacia” de la Justicia fue incuestionable. Como podría serlo el día de mañana si se decide que lo develado hasta ahora en Carabineros, el Ejército o la Corte de Apelaciones de Rancagua puede derivar también en situaciones de riesgo institucional.
¿Por qué lo ocurrido en estas entidades no merecería el mismo trato que el obtenido por los que entregaron y recibieron financiamiento ilegal? Quizá incluso lo exijan, buscando ampararse precisamente en esa “excepcionalidad” que hoy nos diferencia de los países vecinos donde el combate a la corrupción se ha tomado en serio.
Publicada en La Tercera.