Es tan fácil y tan cómodo situarse en la vereda del frente y disparar a los que hoy tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de implementarlas y hacerse cargo de ellas.
Cuando se incentiva a la gente a creer que sólo tiene “derechos”, que no existen deberes ni responsabilidades con los otros, no resulta extraño que este tipo de conductas prolifere en contextos como el presente.
No sabemos si la decisión de empezar la etapa de normalización se ajusta al ciclo de la epidemia y a su posible convergencia con los males propios del invierno. De lo que no hay duda es que en dicha apuesta el gobierno se juega prácticamente todo.
No sabemos qué país y qué mundo vamos a encontrar al final del túnel, pero es muy probable que las intenciones que alimentaron el posicionamiento de la centroizquierda durante estos meses se mantengan incólumes.
No sería extraño que en este esfuerzo de recuperación termináramos por confirmar que muchos de los atavismos históricos que han aflorado a la superficie en los últimos meses, nuestros males preexistentes, pueden ser incluso más dañinos y mortales que el propio virus.
Lo que viene dejará secuelas muy dolorosas en Chile, pero entre las cosas positivas quedará un mayor sentido de realidad, un mundo donde ningún progreso podrá jamás declararnos inmunes a la incertidumbre.
El planeta saldrá muy dañado de esta coyuntura, en todas las latitudes la gente se enfrentará a mayores niveles de inseguridad y pobreza, se va a requerir un esfuerzo colosal para recuperar lo perdido, salvo las vidas humanas, que por definición son irrecuperables.
La gran interrogante que abre este escenario es hasta dónde los actores políticos tendrán la disposición a poner la salud, la economía y eventualmente la vida de la población en riesgo por sobre cualquier otra consideración.
Una de las más despiadadas segregaciones que empieza a instalarse entre nosotros es la asociada a la normalización de la violencia, una realidad que resume a la perfección la carga de inequidad que encarna este tipo de fenómenos.
