Que la máxima jefatura de la policía diga públicamente que los integrantes de su institución no se sienten con las atribuciones para hacer uso de sus armas de servicio es una cuestión muy grave.

La improvisación y la desidia en uno de los proyectos emblemáticos de la agenda gubernamental, el que debía proveer los recursos para financiar casi todo lo demás, lo desploman porque el gobierno no logró cerrar un acuerdo político que permitiera asegurar los votos.

Es innegable que Chile está muy lejos de haber superado el profundo ciclo de deterioro político, económico e institucional en que se encuentra. Y, a la luz de lo observado en América Latina, no es seguro que vaya a conseguirlo.

El primer interesado en saber si hay aquí intencionalidades humanas debiera ser el gobierno. Y, de haberlas, también en perseguirlas y sancionarlas con todo el rigor de la ley. Pero en Chile se han normalizado otras lógicas, otras agendas, y para ocultarlas ya no es extraño ni siquiera sacar del sombrero conejos que propagan el fuego mientras se queman vivos.

Dos listas oficialistas y tres opositoras que empezarán este 7 de mayo a recalibrar la correlación de fuerzas de nuestro disperso y debilitado sistema político. Un proceso donde el nuevo texto constitucional quedó en un limbo.

El fuego y la tierra arrasada son de algún modo un espejo, una metáfora, la imagen atroz de un país donde muchos decidieron que había buenas razones para quemarlo todo. O parar guardar silencio, que es lo mismo.

Hay, por último, una dimensión histórica ineludible: el PS finalmente optó por dejar a la DC a su suerte, el aliado con el construyó uno de los pilares de la gobernabilidad democrática del Chile post dictadura.

Es imposible no observar la consecuencia y la consistencia que el Presidente y su gobierno han mostrado en cada uno de estos actos. Razón que hace muy improbable que esta espiral de desaciertos pueda detenerse, y frente a la cual solo queda asumir los costos y las implicancias que ello tiene.

Las condiciones impuestas al nuevo proceso constituyente han reducido la incertidumbre sobre sus resultados; entre las bases o principios ya definidos, la labor de la comisión de expertos y del comité de admisibilidad, el riesgo de otro desvarío quedó ahora más acotado.

¿De verdad hay sectores que buscan destituir a un Presidente en ejercicio a menos de un año de iniciado su mandato? Quiere decir entonces que no hemos aprendido nada de la crisis política e institucional que vive el país.

Lo que ha quedado nuevamente al descubierto es algo muy profundo y atávico, clave de lo que se ha vivido en Chile en estos últimos años: un sector político que no valora el Estado de derecho ni las instituciones; que mira al resto de la sociedad desde la superioridad moral; que siente que la gente va más lento y no entiende la oferta de cambios que ellos encarnan; ahora tienen también la capacidad de valorar las pruebas rendidas en un proceso judicial mejor que los propios jueces.