Tras la promulgación de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda ha anunciado la revisión de las exenciones tributarías vigentes, con el objetivo de allegar más recursos al erario fiscal, Si bien la mayoría de las exenciones entregan un beneficio privado a personas o empresas, existe una excepción: los incentivos tributarios a las donaciones a distintos fines sociales, que constituyen un complemento a la tarea estatal de generar bienes públicos. En promedio, empresas e individuos de distinto nivel de renta aportan en Chile cerca de US$ 250 millones a organizaciones de la sociedad civil, acogiéndose a los incentivos de diferentes legislaciones. Es decir, cerca del 018 % del PIB, lejos aún del 2 % anual de EEUU. Y del 1% de países europeos. Si bien los incentivos no definen la realización de donaciones, contribuyen a fomentarlas. En los países con incentivos, el 33 % de las personas dona, versus el 21% en países sin incentivos (CAF, 2014). Pero también es cierto que otros factores determinan el desarrollo de la filantropía, como el rango de causas que son incentivadas, las barreras adiministrativas para la participación de personas y empresas, y la capacidad de las organizaciones para recaudar fondos. En un análisis comparado, es posible determinar que Chile más bien desincentiva las donaciones, pues tiene un impuesto a las donaciones como regla general, e incentivos dispersos, poco coherentes y complejos de administrar por parte de organizaciones sociales y donantes individuales, que podrían contribuir mucho más a nivel local o regional. En esta materia, la urgencia radica en unificar la legislación vigente y alinearla con la de los países de la OCDE que han avanzado en fomentar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas inclusivas y efectivas.

Publicado en El Mercurio.