La rectificación efectuada por la Dirección del Trabajo elevó a más de 300 mil los despidos por “necesidad de la empresa” desde el inicio del estallido social. En paralelo, las tasas de morosidad en el sistema financiero y comercial afectan ya a cerca de cinco millones de personas, gente que no está en condiciones de pagar sus deudas y, por tanto, tendrá cada vez más dificultades para seguir accediendo al crédito. Así, para un segmento enorme y creciente de la población, la posibilidad de mantener el nivel de vida de los últimos años se hará dolorosamente cuesta arriba.
Hasta ahora, nada permite augurar que la situación se revertirá en el corto y mediano plazo; al contrario, las proyección anticipan un 2020 difícil en materia económica, con un mercado del trabajo deteriorándose y donde la informalidad no dejará de crecer. Todo ello, ingredientes de un cóctel al que se suman también los importantes grados de destrucción que ha sufrido en el último tiempo el entorno público, las miles de pymes vandalizadas y la pérdida de patrimonio, el deterioro del transporte y el aumento de la inseguridad.
Las previsiones sobre lo que vivirá el país a partir de marzo refuerzan el dilema implícito en todo este proceso, un factor que hasta ahora ha permanecido relativamente latente, pero que si el actual escenario persiste o se deteriora, tenderá a consolidarse: por un lado, el temor a la precarización, el miedo al empobrecimiento y a los efectos de la incertidumbre económica; por otro, la rabia y el descontento, combustible natural de la movilización pacífica y violenta, que es lo que ha estado expresándose en las calles en los últimos meses.
El cuadro previsible permite anticipar entonces que esta dicotomía se hará cada vez más gravitante: instinto de conservación y de orden versus pulsión de cambio; deseo de que las cosas se calmen frente al imperativo de sacar afuera la bronca; necesidad de contención en un momento personal y familiar declinante, e imperativo de encontrar un culpable que permita canalizarlo. La sociología comparada afirma que en contextos como este para la gente ese culpable es por definición el gobierno de turno, o sea, precisamente aquel sobre quien han estado concentrados los fuegos desde el 18 de octubre. Esta realidad supone, asimismo, que los actores políticos y las fuerzas sociales tenderán a usar dicha dualidad para alimentar su propio posicionamiento, lógicas que al final del día se moverán en función de incentivar el miedo o la cólera.
En síntesis, un proceso constituyente con deterioro económico es una ecuación que tendrá en el miedo al cambio y en la rabia frente al presente a sus principales ingredientes, opciones plagadas de fantasmas y de elucubraciones sensatas o delirantes. Por su parte, la debilidad institucional, el deterioro del debate público y la crisis de legitimidad de los actores políticos, suma también su cuota de desvarío a un curso donde los incentivos a la moderación brillan por su ausencia. En efecto, el miedo y la rabia no son emociones atenuantes sino al contrario, alimentan posiciones extremas, cargadas de intolerancia y fanatismo. Es lo que se observa a diario en las funas, en el ambiente de descalificación que inunda las redes sociales y en las campañas del terror, de lado y lado.
Queda poco tiempo para intentar revertir lo que parece inevitable. El verano no fue el momento de tregua esperado por muchos sino más bien la continuidad de una violencia focalizada, casi tan desgastante como la visible en los meses previos. Apostar o resignarse a este escenario no solo supone poner al proceso constituyente bajo un serio riesgo de legitimidad, es dejar también a la democracia sin los resguardos mínimos frente a aquellos que apuestan a debilitarla e, incluso, a prescindir de ella.
Publicado en La Tercera.