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Arroz graneado

27 de Agosto 2017 Columnas

Si no es la letra chica, es la “astucia” del chileno. Y así no hay nada que funcione, al menos en términos políticos. Poco más de dos años después de su promulgación, recién ahora comenzaremos a ver los efectos reales del nuevo sistema electoral, aprobado en 2015 y que estableció una serie de cambios, que pretendían –en lo central- terminar con el empate  que planteaba el binominal  y que hacía que en el Congreso las fuerzas siempre estuvieran cercanas al 50/50. La idea fue además permitir la entrada de nuevos actores políticos, sobre todo de jóvenes y de mujeres.

La ley de cuotas incluida de manera transitoria en la nueva legislación, pretendía subsanar, por ejemplo, la falta de mujeres en el Congreso, en el que hoy ocupan  apenas el 16% de los escaños. Esta normativa obliga a los partidos y conglomerados a no tener menos de un 40% de mujeres en su plantilla de candidatos al Parlamento o, para ser más rigurosos, a mantener una proporción no menor de 60% a 40% entre ambos géneros.

En su momento, el proyecto causó dudas, que hoy siguen vigentes. De hecho, el timonel PPD, Gonzalo Navarrete, advirtió ya que “habría sido mejor implementarla gradualmente”.

Pero lo cierto es que finalmente la ley de cuotas es una realidad (insisto, transitoriamente) y sus efectos se están empezando a ver a partir de la inscripción de las candidaturas, el lunes recién pasado. La masiva aparición de candidatos, debido al redistritaje (solo en la V Región hay más de un centenar de postulantes, entre el Senado y la Cámara) es un elemento a analizar, pero también el aumento de mujeres que se inscribió: más de 400 a nivel país.

El problema es que efectivamente –y como es habitual- en el texto legal hay un vacío que no previeron en su momento (o será que sí se previó y se dejó así a sabiendas…): la norma no exige que las mujeres que participen del proceso sean competitivas. Solo deben aparecer en la papeleta. Y eso es precisamente lo que –en la práctica- está sucediendo. Estamos presenciando un nuevo caso de letra muerta.

Hasta ahora (mientras el Servel termina de revisar las declaraciones de candidaturas), efectivamente la mayor parte de los partidos y conglomerados incluyeron al menos un 40% de candidatas mujeres.  Sin embargo, muchas de ellas van solo a acompañar a los candidatos fuertes –hombres-, de manera de que las colectividades puedan cumplir con la ley. No tendrán ninguna opción de ser electas.

Sucedió con la candidata DC al Senado por Arica, Trinidad Parra, que manifestó su molestia al enterarse de que José Miguel Insulza finalmente había sido inscrito para competir en esa circunscripción y que –a mayor abundamiento- su partido, la Democracia Cristiana, había respaldado públicamente al “Pánzer”, pese a haberla puesto a ella en la papeleta. Fue el experto electoral de su propia tienda, Mauricio Morales, quien afirmó que la postulación de Parra solo operó para cumplir con la ley de cuotas. Caso cerrado.

En nuestra región se avizora desde ya una de las batallas senatoriales más peleadas del país. Lo que precisamente incluirá a tres mujeres de peso y con bastante trayectoria, que lucharán para intentar ocupar uno de los cinco escaños: Lily Pérez (Amplitud) y Andrea Molina (UDI), en una pelea que se advierte infartante, e Isabel Allende (PS), una figura histórica dentro de la centro izquierda, pero que ha visto dificultado su aterrizaje en la región, donde los postulantes masculinos de su coalición son potentes electoralmente hablando: Ricardo Lagos Weber y Marco Antonio Núñez, por el PPD, y Aldo Cornejo con  Ignacio Walker, por la DC no se la harán fácil.

Pero si la carrera al Senado, en el caso de las aspirantes a parlamentarias de la región, será una pelea a machetes, no sucede lo mismo con quienes quieren llegar a la Cámara de Diputados. De las más de 90 candidaturas inscritas (en total, para 16 escaños entre la costa y el interior), 35 son mujeres (alrededor del 37%), lo que parece un buen escenario. Sin embargo, al revisar quiénes son las postulantes inscritas, de las 35 al menos 30 son poco competitivas, vienen de otras zonas o, simplemente, no las conoce nadie.

Mención aparte merece quizás la candidata más longeva de la plantilla. Con 87 años, Oriele Zencovich (DC) recibió un telefonazo el día anterior a las inscripciones para pedirle que acompañará a Walker y Cornejo, porque la candidata original, Susana Pinto, se había bajado. Nuevamente, resquicio legal.

La realidad es que los partidos hicieron lo justo para cumplir con una legislación que no compartían, buscando candidatas a última hora, que finalmente se convierten en arroz graneado, meros acompañamientos, que no pretenden realmente potenciar liderazgos femeninos que  puedan cambiar la cara del Congreso. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán.

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