A raíz del informe “Presiones de Gasto 2018-2021”, publicado por la Dirección de Presupuesto (DIPRES), el ministro Felipe Larraín declaró que existen US$ 5.566 millones en gastos fiscales comprometidos hasta el 2021, que no tienen financiamiento. Asimismo, le atribuyó la responsabilidad de este supuesto déficit al anterior gobierno.

Las críticas de la oposición y de los antiguos miembros de la Cartera no tardaron en llegar, ya que el informe de la DIPRES se refería a “presiones de gasto” y no necesariamente a “gastos comprometidos”. Sin embargo, los reproches no sólo vinieron desde el mundo político, sino que también de algunos sectores técnicos, como fue el caso del Consejo Fiscal Asesor (CFA), un organismo cuyo objetivo es colaborar, a solicitud expresa del ministro de Hacienda, en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones para la determinación del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), también conocido como Balance Estructural.

Lee aquí la opinión de la Directora del Centro de Políticas Laborales, en su rol de académica, experta y presidenta del CFA:

Sobre la declaración del ministro Larraín, ¿es correcto hablar de “gastos comprometidos” o, más bien, corresponde a “presiones de gasto” como consignaba el informe de la DIPRES? ¿Fue adecuada la metodología utilizada para calcular esta cifra?

La ley define gastos comprometidos como “las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario.” Ello significa que sólo los gastos asociados a leyes promulgadas son una obligación. El informe de DIPRES contiene en buena parte gastos eventuales, asociados a leyes en discusión en el Congreso, o incluso leyes que están en estudio y aún no ingresan. Por tanto, no son un compromiso. Asimismo, una parte relevante del monto total se asocia a la sobre ejecución en el sector salud que, de acuerdo a la ley, debe ser financiada con reasignación de gastos. Así, este informe, como bien lo titula la DIPRES, se refiere a presiones de gastos, a gastos que podrían suceder en el futuro, pero que hoy no están comprometidos por ley.

En cuanto a lo segundo, la metodología de estimación de gastos eventuales es discutible y bastante arbitraria. Por ejemplo, además de incluir gastos eventuales por leyes que ni siquiera están en discusión, no toma en cuenta la subejecución de algunas partidas. Un análisis que quiere conocer la situación fiscal potencial, debe considerar gastos y ahorros. En otras palabras, asume como ciertos gastos eventuales y le asigna una probabilidad de ocurrencia cero a ahorros y reasignaciones que sí pueden suceder. Por último, el informe no describe los supuestos detrás de las estimaciones ni provee de escenarios alternativos, que es lo que hace el FMI cuando realiza proyecciones fiscales.

A su juicio, ¿la administración anterior dejó realmente un déficit fiscal al comprometer gastos sin financiamiento?

La situación fiscal viene deteriorándose continuamente desde el año 2012. Hay una gran inercia en el gasto público que es necesario contener. Pero la forma en que Hacienda ha planteado el problema es inadecuada, y genera costos en términos de la credibilidad. Menos del 1% de los montos detectados por la DIPRES en su informe son realmente gastos comprometidos.

Existe discrepancia sobre este asunto entre los miembros del Consejo Fiscal Asesor, ¿podría esto afectar las facultades del organismo?

El organismo tiene facultades limitadas: nuestro rol es dar fe del buen cálculo del balance estructural y asesorar al ministro en las materias que él disponga. Asimismo, nuestra opinión no es vinculante. Esta no es la primera vez que hay diferencias al interior del Consejo. Sin embargo, en el pasado las hemos podido zanjar y lograr acuerdos porque se nos ha pedido la opinión antes de realizar comunicados a la prensa. Esta vez fue al revés: el ministerio comunicó esta información a los medios y luego pidió nuestra opinión.

¿Cuánto podría incidir la declaración del ministro sobre las estimaciones que las clasificadoras de riesgo realicen del país?

Las clasificadoras observan la evolución del crecimiento económico y la situación fiscal efectiva, y por tanto, la evolución de la deuda. Estas declaraciones no afectan nuestro riesgo país.

¿Considera acertada la medida anunciada por el ministro Larraín, en cuanto al nuevo ajuste fiscal por US$ 4.600 millones a 2021, pensando en la estabilidad del balance estructural?

Se requiere de un esfuerzo real del Estado para la consolidación fiscal. Estamos entrando a la parte del ciclo en la que se puede realizar este esfuerzo sin afectar la economía. Por ahora, sin embargo, es difícil evaluar este plan ajuste, porque el Ministerio no ha entregado detalles suficientes.

¿Qué opina sobre el proyecto de ley que pretende otorgarle autonomía al Consejo Fiscal Asesor?

Me parece una buena idea. DIPRES necesita contrapesos y las cuentas fiscales requieren de más transparencia. Pero el Consejo no puede estar en Teatinos 120. Para que haga su labor con efectividad, debe instalarse en el Congreso, buscando mecanismos para resguardar su independencia.

Para conocer el informe completo ingrese aquí.