Según cifras oficiales, más de dos millones y medio de chilenos se encuentran en situación de discapacidad y corresponden a un 20% de personas mayores de dieciocho años. Con el propósito de aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo es que a partir del 1 de abril de este año entró en vigencia la Ley N° 21.015, que incentiva a que las empresas a contratar a personas que- según el Servicio Nacional de la Discapacidad- presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras.
Con el fin de explicar el alcance de la nueva regulación, la forma de dar cumplimiento a las obligaciones que establece y los plazos asociados para que ésta se encuentre en pleno régimen dentro de la empresa, es que la Facultad de Derecho de la UAI realizó en conjunto con el Centro de Formación Ejecutiva del Diario Financiero un seminario a cargo de dos expertos en la materia.
Se trata de María José Armisén, abogada que fue parte de la Dirección del Trabajo y jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, liderando el proceso de elaboración de los Reglamentos de la Ley de Inclusión y Jorge Arredondo Director Grupo Laboral y profesor Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UAI.
Hoy, la ley indica que las empresas que cuentan con número mayor a cien personas deben tener un 1% de trabajadores contratados que estén registrados como discapacitados o con asignación de pensión de invalidez. “Esta medida contó con el apoyo transversal de todo el Congreso y va a otorgar valor a personas que antes no tenían trabajo”, comentó María José Armisén.
Durante su presentación la abogada aseguró que uno de los principales problemas que hay para tener claridad sobre si una persona es discapacitada o no, es que muchas no se reconocen como tal: “ellos ven su situación como un desvalor”. Asimismo comentó que el otro inconveniente es que para que una persona sea certificada como discapacitada tiene que tener una credencial que se obtiene tras una serie de trámites en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Por su parte Arredondo señaló que “aquellas empresas que por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente con la cuota, deberán dar cumplimiento subsidiario”. La forma de hacerlo explicó, es teniendo contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o realizar donaciones en dinero a programas cuyo objeto social incluya la ayudar a personas con discapacidad.
Finalmente ambos especialistas destacaron la promulgación de esta ley que para ellos solo traerá beneficios pues mejorará el clima laboral, creará equipos más colaborativos y ayudará a la reputación de las empresas. “Esta ley es un piso, la idea es que se puedan tener más trabajadores discapacitados que los que se indica y que ojalá se adapten los espacios para facilitar su contratación ”, agregó el académico UAI. Mientras que Armisen finalizó diciendo que el éxito de esta ley será cuando “ya no sea tema, cuando las empresas contraten a las personas por sus perfiles profesionales y no por su discapacidad”.
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