Representantes del Consorcio IDI, del cual UAI es parte, participaron en la quinta sesión de la Mesa Público-Privada sobre Gobernanza de Datos, liderada por el Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa tiene como objetivo recopilar propuestas de medidas administrativas y legales sobre datos administrativos, y es la antesala de un futuro proyecto de ley sobre gobernanza de datos.

En enero de 2024, se realizó la primera reunión de alto nivel para la elaboración del proyecto de ley sobre gobernanza de datos, comprometida por el Gobierno tras la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad. Esta reunión entre representantes del Gobierno y el Senado de la República, dio paso a la Mesa Público-Privada de Gobernanza de Datos, que comenzó a sesionar en abril bajo la conducción de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda. 

 La  Mesa Público-Privada de Gobernanza de Datos  tiene como objetivo proponer medidas legales y administrativas que ofrezcan soluciones concretas a problemas de gobernanza y gestión de datos, tanto en la administración pública como en su interacción con otros sectores. Para esto, se convocó a actores relevantes de la academia, organizaciones privadas y el sector público, quienes se reúnen periódicamente en esta mesa de trabajo, que también ha recibido a organizaciones y expertos en datos administrativos. 

 La quinta sesión de la Mesa, realizada el miércoles 3 de julio, contó con la presentación del Consorcio de Universidades por una Infraestructura de Datos Integrados para Chile (Consorcio IDI) del cual la Universidad Adolfo Ibáñez es parte, a través de su Escuela de Gobierno UAI. María Paz Hermosilla, Directora del GobLab UAI, y Andrés Hernando, Director de Ingeniería Comercial UDP, integrantes del Comité Coordinador del Consorcio, destacaron la importancia de contar con un sistema de datos administrativos integrados para la evaluación de políticas públicas. Este sistema permitiría a funcionarios públicos e investigadores acreditados acceder de forma segura y remota a distintos conjuntos de datos anonimizados, facilitando la evaluación longitudinal y multidimensional del cumplimiento de los objetivos de las políticas implementadas en Chile. 

Desde los años 90, diversos investigadores han solicitado acceso a datos administrativos para evaluar políticas públicas, y distintos estudios sobre la gestión de gobierno han respaldado la necesidad de contar con un sistema de datos integrados para estos fines. Aunque ya existen avances como RIS Investigación del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, los proyectos REP y RUE del Instituto Nacional de Estadísticas, y el Repositorio de Datos sobre Malnutrición Infantil realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez con el Ministerio de Salud de Chile, hoy existe un contexto favorable para implementar una IDI en Chile. Este contexto se ve favorecido por el desarrollo de temas como la Ley de Transformación Digital, la Ley de Protección de Datos Personales, la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, y el proyecto de ley de modernización del INE, que por primera vez considera el acceso especial de investigadores a datos administrativos.