arrow-right host location public time type

Violencia y constitución

13 de Enero 2020 Columnas

Es común leer en la historiografía especializada que los momentos constituyentes de 1833, 1925 y 1980 compartieron parecidos grados de ilegitimidad de origen, al haber sido los tres el resultado de acciones violentas en que grupos determinados se arrogaron la potestad de cambiar las reglas constitucionales a espaldas de la ciudadanía, En términos generales, esta opinión es correcta y vale la pena tomarla en consideración cuando se analiza el momento actual. Sin embargo, también conviene introducir algunas precisiones históricas. Lo primero es aceptar, como han escrito Brian Loveman y Elizabeth Lira en múltiples estudios, que la violencia ha sido una práctica * muy presente en la historia de Chile. Con distintos niveles de aceptabilidad, pero definitivamente presente. En las primeras décadas del siglo XTX, el uso de las armas en la toma de decisiones, y por tanto la utilización de la violencia como un mecanismo legítimo para acceder o mantener el poder, era tanto o más habitual que la influencia de la prensa escrita, el ejercicio electoral o el debate parlamentario. A fines de la centuria, las diferencias volvieron nuevamente al primer plano, cuando los congresistas se opusieron en el campo de batalla al presidencialismo “autoritario” de Balmaceda. Las entradas en vigencia de las Cartas de 1833 y 1925 tuvieron su cuota de violencia; la primera habiendo sido parida luego

de una sangrienta guerra civil; la segunda, gracias a la intervención de los militares que apoyaron a Arturo Alessandri. De más está decir, por obvio, que lo mismo ocurrió con la Constitución de 1980, hija del golpe de 1973. La diferencia es que esta nunca ha terminado de legitimarse, por mucho que los padres de la Ley Fundamental vigente hayan buscado darle un aura de civilidad. En efecto, buena parte de sus artículos no habrían sido aprobados en un régimen representativo, razón por la cual seguimos discutiendo sobre el símbolo originario. Problema que, dicho sea de paso, puede heredar la futura Constitución si la escalada de violencia no se detiene. Pues por mucho que sea correcto decir que el terror político ha sido una constante en la historia de Chile, no por eso debemos aceptar que hoy, en pleno siglo XXI, las cosas deban seguir igual. Por el contrario, ya es hora de que los demócratas condenen la violencia sin rodeos. Los carabineros tienen su cuota de responsabilidad, y no hay excusa para que los responsables no sean castigados. Pero eso también es exigible respecto de los encapuchados que incendian, saquean y bloquean, y todos —la institucionalidad de izquierda incluida— deberían enjuiciarlos sin contemplaciones. No cometamos el mismo error que los constituyentes del 80: una nueva Constitución será legítima si votamos sin miedo y libremente en el plebiscito de abril.

Publicado en El Mercurio.

Contenido relacionado

Redes Sociales

Instagram