Hay casas de estudio superiores que tienen vacantes que no son suficientes para satisfacer el interés que expresan los postulantes. Por tanto, requieren racionar de alguna manera este exceso de demanda. Una alternativa indeseable es usar los precios. Otra posibilidad es utilizar el desempeño académico una vez que han ingresado a las aulas. La primera alternativa deja personas con aptitudes fuera de las aulas universitarias por razones financieras. La segunda acepta personas sin las habilidades suficientes para cursar estudios superiores exigentes. Este último camino es costoso desde diversas perspectivas. Crea expectativas en las familias y estudiantes que no se pueden satisfacer y, habitualmente, involucra costos significativos para las personas e instituciones que no crean valor. Los primeros son evidentes. Los segundos, menos.
Sin embargo, las instituciones típicamente experimentan grandes congestiones en sus aulas, un cuerpo de profesores muy heterogéneo, una segregación al interior de sus planteles y, en general, dificultades para sostener una alta calidad en todas sus actividades. Algunos de estos fenómenos, como la segregación interna, por ejemplo, son precisamente una respuesta, por cierto no muy estimulante, al contexto generado por este acceso abierto.
Así, no sorprende que el acceso a las universidades, en la gran mayoría de los países, esté mediado por mecanismos de admisión que distribuyen las vacantes disponibles. En aspectos medulares, estos se agrupan en tres. En el primero es la trayectoria escolar la que marca el acceso. Así, los estudiantes son seleccionados, en función de su desempeño escolar, en distintos carriles durante su etapa escolar y solo uno permite un ingreso cierto a las universidades. Un ejemplo de esta naturaleza son los Países Bajos. Un segundo sistema descansa en la experiencia en la educación secundaria, pero evaluada o supervisada por examinadores independientes. Inglaterra y Francia se identifican con este modelo. Finalmente, existen los sistemas de admisión que descansan en pruebas estandarizadas al final de la educación secundaria, como es el caso de Estados Unidos y Chile. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Aun así, han sido preferidos a las alternativas de acceso masivo, básicamente porque estas, además de ser costosas, como sostuvimos antes, no contribuyen a la equidad y calidad del sistema de educación superior.
Atendida la alta dispersión en los logros de aprendizaje y la falta de coherencia en las evaluaciones educativas, es muy posible que las herramientas más apropiadas para definir el acceso a las universidades en Chile sigan siendo las pruebas estandarizadas. Los mecanismos de admisión, sin embargo, son valiosos si ayudan razonablemente a predecir los desempeños universitarios de los aceptados. Los estudios sobre este asunto en Chile son escasos o más bien inexistentes y el desarrollo de metodologías para corregir las restricciones de rango propias de la aplicación del sistema de admisión (se tienen los datos solo de quienes fueron aceptados) brilla por su ausencia.
Indudablemente recae en el sistema de admisión la responsabilidad de lidiar con estos desafíos. Sin embargo, la débil institucionalidad que gestiona el sistema no abre el espacio para que ello ocurra. Esta situación no deja de ser una paradoja atendida la solidez técnica del Demre, pero este organismo está muy limitado. Esta debilidad ha hecho que el sistema pierda legitimidad.
El traspaso de la administración del sistema a la Subsecretaría de Educación Superior y la creación de dos subsistemas de admisión —universitaria y técnico-profesional— no resolverán el problema, incluso pueden agravarlo, porque se diluirán aún más las responsabilidades. Se requiere una institución responsable mucho más especializada, técnicamente competente y autónoma. Por supuesto, las instituciones de educación superior deben tener la última palabra respecto de ponderaciones e instrumentos específicos. Sin embargo, los diseños de los instrumentos y los estudios que los avalan deben ser resorte de una corporación pública sin fines de lucro, con un directorio especializado propuesto en una proporción mayoritaria por los rectores que utilizan el sistema de admisión, pero también con representantes de la educación secundaria que son afectados por los instrumentos elegidos, y expertos independientes.
Esta corporación debe recibir los recursos que por el pago de la PSU recibe el sistema de admisiones y otros que pueda aportar la Subsecretaría de Educación Superior para, por ejemplo, promover mayor investigación respecto de los instrumentos de selección. El Demre podría mantenerse como el organismo técnico que presta apoyo a esta corporación, a menos que después de un período relativamente largo de experimentación se llegue a la conclusión de que hay un arreglo mejor.
Publicado en El Mercurio.