Las palabras crean realidades. Por eso, la propuesta constitucional tiene el potencial de transformar el Chile en que vivimos, y materializar las esperanzas de cada miembro de nuestra sociedad. Por este motivo, la alusión explícita —u omisión— al concepto de ‘propiedad privada’ algún efecto tendrá sobre la capacidad que Chile tenga de prosperar. No tendría sentido anhelar una nueva Constitución solo para frustrar las esperanzas de prosperidad de todos. Históricamente, y en todo el mundo, los negocios han estado ligados a la prosperidad social, y la piedra angular para hacer negocios es la propiedad privada, la cual no existe sin un Estado que la proteja. Es decir, las sociedades prósperas se han caracterizado por una adecuada complementariedad del Estado con la institución de la propiedad privada. Esta relación virtuosa crea un puente entre la creación de valor social y el incentivo privado para desatar la creatividad individual que ha resuelto los grandes problemas de cada era.

En Chile, «los negocios» adquirieron una connotación negativa. Por extensión, el derecho de propiedad privada suena a herejía. Tal es así, que hoy pareciera que los negocios, la empresa y la propiedad privada fueran antónimos del Bien Común. Trágico es que la falta de ética de algunos, mal llamados empresarios, se transformó en la carta de presentación de todos quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país a través de los negocios. Dichas faltas hicieron olvidar que los negocios son una expresión de la creatividad y de la libertad individual mediante la cual los emprendedores contribuyen a resolver los desafíos de la sociedad.

Por un tiempo largo en Chile, el mal actuar de algunas empresas y la pretensión de que la iniciativa privada bastaba para resolver cualquier problema, vació el término ‘negocios’ de todo contenido, responsabilidad y valor social, degradando de esta forma el rol social del emprendimiento y la actividad empresarial en general. Pero la realidad se aleja de esta desafortunada interpretación de los negocios. Por el contrario, las empresas que se deben a sus comunidades, son empresas con propósito, con sentido, con valor social. Es este propósito, este sentido trascendente el que genera una conexión de los negocios con su entorno, creando valor social, legitimando la actividad empresarial y el premio por tomar el riesgo de emprender en virtud del derecho de propiedad privada: si alguien se la juega por agrandar la torta de todos, el que toma el riesgo tiene un derecho preferente y no exclusivo a la torta creada por aportar al crecimiento de todos.

Lo anterior solo enfatiza que en la vida económica de un país el Estado cumple un rol esencial al coordinar los esfuerzos de personas y comunidades hacia el logro del bien común. Además, que el Estado no sustituye, sino que complementa, la fuerza creadora que brota de la libertad individual, se expresa a través del espíritu emprendedor, se consagra mediante el reconocimiento de la propiedad privada y desemboca en las soluciones a los grandes problemas sociales. No reconocer el derecho de propiedad privada en una nueva Constitución deja al Estado como un canal sin agua.

Publicado en Ciper