Comisión asesora contra la desinformación. Ese es el nombre del recién creado organismo encargado de entregar un informe sobre el estado de la desinformación (experiencia comparada) y recomendaciones para la alfabetización digital y regulación de plataformas digitales. Dicha comisión estará integrada por cuatro académicos, un representante de una entidad de fact checking y tres de ONG, designados por el ministerio de Ciencias previa consulta a la Secretaría General de Gobierno.
Hasta ahí lo que sabemos. Y es ahí en donde empiezan las preguntas. Si bien ya se conocieron los nombres de las personas elegidas, se observa diversidad política y una designación “por sus credenciales académicas”, como había dicho la ministra Etcheverry, cabe preguntarse ¿cuál es papel el papel de la Secretaría de Gobierno, un ministerio político? ¿qué autonomía tendrán sus integrantes, si la institución a la que pertenecen los puede remover en cualquier momento (Art. 4)? Y, lo que es más importante, ¿qué carácter y consecuencias tendrán las futuras recomendaciones?
No podemos hacer un juicio de las intenciones, pero cuando representantes del gobierno abogan por una ley de medios – de regulación de medios-, es razonable que existan algunas sobre el objetivo de esta instancia.
La Unión Europea discutió durante años este tema. Finalmente, sus medidas estuvieron mucho más lejanas que las ambiciones originales ante el riesgo de que la lucha contra la desinformación pudiera afectar la libertad de expresión. Sus medidas no se centraron en la capacidad coercitiva de los Estados, sino en acciones coordinadas con la industria tecnológica y la sociedad civil. En 2022, 42 empresas tecnológicas -como Meta, Google y Microsoft- suscribieron un acuerdo reforzado contra la desinformación.
Los medios de comunicación en ningún momento fueron parte de este debate. No se los consideró un agente creador de fake news, porque la evidencia muestra que no lo son. Los medios tienen líneas editoriales y visiones del mundo, y a veces cometen errores porque las aceleradas dinámicas periodísticas facilitan que esto ocurra, pero un error, un énfasis editorial, o incluso una mala cobertura no implican de forma alguna que esto pueda ser calificado como desinformación.
Es bueno recordar, además, que gran parte de los ataques contra los medios como potenciales creadores de contenidos falsos viene de la clase política. La reciente publicación del Digital News Report 2023 muestra que la mayor fuente de críticas a periodistas y medios que han escuchado los ciudadanos proviene de los políticos o los activistas políticos.
A nivel internacional, el derecho norteamericano estableció el estándar de los medios de comunicación en materia de desinformación en 1964 cuando consagró el concepto de “real malicia”, referida a una publicación realizada con conocimiento de la falsedad o temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Además, en Chile existen acciones de rectificación o respuesta o incluso la búsqueda de responsabilidades penales y civiles. Todo esto está lejos de la manipulación. Enfrentar la discusión desde ese punto de vista nos deja muy cerca de una posterior lógica de control y censura.
Publicada en La Tercera.