“Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”. Así define la Real Academia Española el término “represión”. Palabra que ha salido al ruedo ya por largas semanas respecto de la discusión sobre Aula Segura. Y en nuestra región, a partir del debate sobre la posibilidad de sancionar a menores de 14 años que circulen por la calle a altas horas de la madrugada, sin un adulto responsable que los acompañe.

Pero en estos días, la conversación se tornó aún más álgida, luego de que un escolar –en Puerto Montt- decidiera llegar con un arma cargada a su colegio y dispararle a uno de sus compañeros en el cuello, lo que abrió la puerta a que muchos pensaran en medidas más drásticas para controlar este tipo de situaciones.

Entre quienes rechazan tanto la revisión de mochilas de los escolares –uno de los puntos que plantea el proyecto Aula Segura-, como el “toque de queda” propuesto por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, las posturas casi siempre terminan en la necesidad de oponerse a la represión que esto significaría para los menores y en la negativa a permitir un supuesto atropello a sus derechos, a través de medidas que –según dicen los detractores- no apuntan al fondo del problema, sino a la superficialidad.

La pregunta entonces debiera concentrarse precisamente en ese fondo. Cuando un escolar amenaza la vida de sus compañeros en un hecho que es menos aislado de lo que se querría (en 2018 hubo 146 denuncias ante la Superintendencia de Educación por porte de armas en establecimientos); cuando uno de cada tres alumnos cree que la violencia es un medio válido para lograr lo que uno quiere (de acuerdo a una encuesta realizada por la Agencia de la Calidad de la Educación aplicada a jóvenes de octavo básico); cuando uno de cada cuatro adolescentes admite haber comenzado a beber alcohol antes de los 13 años y son precisamente nuestros niños los que lideran el consumo de drogas en América, queda claro que algo hoy no está funcionando.

¿Pero es el Estado el que debe asumir el rol de “criar” a los niños en torno a estas materias? ¿Cuánto puede inmiscuirse el Estado en este tema, que es exclusiva facultad y obligación de los padres? ¿Qué sucede con los derechos asociados, como la libertad de enseñanza al interior de las familias o la libre circulación por el territorio nacional? ¿Hasta dónde llegan estos derechos y dónde comienzan los deberes?

La problemática hoy está situada precisamente allí, en la delgada línea que divide lo público de lo privado, en un debate similar al que se da en economía y que ha derivado en el concepto de Estado subsidiario, que solo interviene en aquellos ámbitos en que los privados no tienen interés o capacidad de participar.

En esa línea, no parece tan alejado de la realidad pensar en un Estado subsidiario también en esta materia. Si hoy los padres no tienen la capacidad –o, por qué no, el interés- de educar a los niños y adolescentes en el respeto de la vida humana y en la necesidad de solucionar conflictos por otra vía que no sea la violencia, quizás exista un ámbito allí en que las leyes y normativas deban funcionar, de manera preventiva para evitar casos como los que hemos visto reiteradamente en Estados

Unidos, por ejemplo, y que han terminado con decenas de jóvenes muertos.

Si bien es cierto que tanto los colegios como las familias tienen un rol insustituible en la enseñanza respecto de cómo cuidarse a sí mismos y a otros, y en cuanto al respeto de los derechos básicos de quienes los rodean, el Estado debe hacerse cargo de los vacíos que se están generando hoy en la materia, evitando así situaciones como la de Puerto Montt. O, en el caso de las propuestas para limitar el tránsito de menores a altas horas de la madrugada, impidiendo que los niños sean autores de delitos o víctimas de ellos.

Tal como dijo el concejal por Valparaíso, Daniel Morales, es importante ver esta iniciativa como una herramienta de protección y no como una medida de represión, pues lo que se quiere aquí es resguardar a los menores, no conculcarles sus derechos. Y la normativa debe ser clara en ese sentido: debe tener todas las garantías posibles para que no derive en la vulneración de sus facultades, pero sí que se convierta en un llamado de atención para los padres y educadores.

Así como el Estado obliga la educación básica y media o el derecho de los menores a ser respetados por la sociedad, ¿por qué no pensar en que se exija también, desde la normativa, el cuidado de los niños cuando los padres no lo estamos haciendo bien?

Publicado en El Mercurio de Valparaíso.