El concepto de protección social (PS) ha evolucionado desde una mirada tradicional- basada en sistemas de seguridad social pasivos- hacia una definición más amplia, basada en el rol de estrategias activas de manejo del riesgo (De Ferranti et al., 2000 y Hagemejer and McKinnon, 2013). Este enfoque ve a la PS como “políticas públicas que ayudan a los hogares a manejar de mejor manera los riesgos y a proveer apoyo a los más vulnerables” (Holzmann 2009). Estos riesgos incluyen, entre otros, la posibilidad que los hogares sufran shocks adversos de ingreso y empleo durante las recesiones, como la que estamos viviendo actualmente.
En este marco, el rol del gobierno es desarrollar un sistema de PS que permita a los hogares prevenir, mitigar y capear el impacto de los shocks adversos. Prevenir, mediante acciones de auto-protección, como por ejemplo, prevención de enfermedades individuales, pandemias y políticas fiscales prudentes que eviten las crisis económicas. Mitigar, mediante instrumentos de auto-seguro, como el ahorro individual o el ahorro agregado nacional, o también usando instrumentos de mercado que permiten diversificar los riesgos (seguros de mercado), como por ejemplo, nuestro cuestionado sistema de pensiones o el seguro de cesantía que existe en Chile desde 2002. Y por último, el gobierno debe intentar que los hogares capeen de buena forma los shocks adversos, sin que ello les genere efectos negativos permanentes, como es el caso del trabajo infantil en tiempos de crisis. Afortunadamente, la evidencia indica que los hogares chilenos capean los efectos del desempleo involuntario de los jefes de hogar mediante la búsqueda de empleo de sus parejas, pero no de sus hijos en edad escolar. Esto sucede incluso en momentos de crisis económica, como fue el caso de la crisis asiática de fines de los noventa (Guzmán, 2016).
En momentos de crisis como la actual es bueno repensar hasta qué punto nuestro “sistema” de protección social cumple con estos principios y este marco de referencia. Entre las políticas de auto-protección y de auto-seguro, Chile se ha destacado por su responsabilidad en el manejo de las políticas macroeconómicas y fiscales durante las últimas décadas. Ello ha evitado el impacto severo de crisis económicas externas, como fue el caso de la crisis subprime de 2008. Asimismo, estas políticas han permitido generar ahorro suficiente en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo que nos está ayudando a mitigar los efectos de la crisis actual mediante transferencias monetarias. Estas transferencias incluyen las sucesivas versiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el plan de protección a la clase media. Asimismo, hemos podido apoyar los ingresos de los trabajadores formales mediante el fortalecimiento del seguro de cesantía.
Sin embargo, los problemas para implementar el IFE, y el tsunami que ha significado el retiro del 10% de las AFP, dejan al descubierto la lentitud y poca preparación de nuestro sistema para llegar con transferencias monetarias a los más vulnerables, en especial, a los trabajadores informales.
Debiésemos aprovechar las oportunidad que nos da esta crisis para rediseñar desde hoy mismo un sistema integrado de transferencias monetarias y no monetarias, sostenible fiscalmente, pensado para situaciones de crisis generales -como la actual- pero también como apoyo permanente para crisis y riesgos individuales. Este sistema debe ser rediseñado considerando las acciones y capacidades de los hogares para lidiar con los riesgos, de modo que las acciones estatales y privadas sean complementarias.
De Ferranti, D., G. Perry, I. Gill, and L. Serven. 2000. “Securing Our Future in a Global Economy.” Washington, D.C.: World Bank Latin American and Caribbean Studies.
Guzman, Julio. 2016. «Social protection during recessions: evidence from Chile,» Journal of Economic Policy Reform, vol. 19(4), pp. 348-368. October.
Hagemejer, K., and R. McKinnon. 2013. “The Role of National Social Protection Floors in Extending Social Security to All”. International Social Security Review 66 (3-4).
Holzmann, R. 2009. «Social Protection and Labor at the World Bank, 2000-08». World Bank Publications 6602. Dec.
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