La última encuesta del Centro de Estudios Públicos vuelve a llamarnos la atención sobre unarealidad que ya conocemos: en Chile existe un escenario creciente de desconfianza generalizada por parte de la ciudadanía hacia las instituciones. Parte importante de la ciudadanía simplemente no confía. Ello no puede dejarnos indiferentes, especialmente debido a que el bajo desempeño institucional repercute en la vida de las personas. Existen diversos factores que influyen en esta caída y, sin duda, un aspecto relevante para analizarla es cómo las personas se vinculan con las instituciones en su vida cotidiana. Precisamente, esta vinculación ha sido estudiada por distintas disciplinas en diversos ámbitos de las ciencias sociales, pero mucho menos desde el Derecho.
La literatura sobre movimientos sociales muestra cómo, desde 2006, ha aumentado la participación política juvenil por vía de protestas, al tiempo que disminuía su participación en procesos institucionales (Castillo et al, 2015; Somma y Medel, 2017; Donoso y Von Búlow, 2017). En materia de la vinculación con las policías, la literatura ha venido mostrando la distorsión en las percepciones de la respuesta policial, especialmente en aquellas localidades y territorios más sujetos a control: se resiente el exceso de control en ámbitos que se consideran banales y la falta de respuesta cuando se producen problemas graves (a nivel internacional, Prowse et al, 2020. En Chile, indiciariamente SPD/Adimark 2017).
Asimismo, pese a los avances innegables en las condiciones materiales de vida de una generación, si bien existe distinta literatura sobre el efecto de la desigualdad en nuestro país, parte de ella muestra cómo se han generado crispaciones vinculadas a la dependencia de la deuda, a las promesas incumplidas de movilidad social y a percepciones de trato profundamente desigual (Desiguales, 2017).
Parte importante de los problemas que se manifiestan en estas investigaciones han sido desatendidos desde el Derecho. Ni siquiera sabemos mucho sobre la relación entre la gente y el Derecho en la actualidad. ¿Ven los ciudadanos en el Estado una entidad que representa una voluntad común que legítimamente los rige? ¿Sienten, en cambio, que se trata simplemente de un juego en el que quien tiene mejor capacidad y disposición a explotar las reglas sale ganando? ¿Miran al Estado como una entidad que representa intereses ajenos y que aplasta sus proyectos personales de vida? ¿Qué impacto tiene el uso de la violencia? ¿Cómo varía esto en distintas poblaciones y localidades de nuestro país?
Aunque estas preguntas debieran interpelarnos con especial intensidad, el mundo legal no ha tenido una marcada presencia en el análisis de estos fenómenos. La respuesta ha estado concentrada en el proceso constituyente. En un contexto de crisis y buscando un camino para recomponer el vínculo entre ciudadanía e instituciones, es valorable que ello sea así. Pero el problema de fondo trasciende a la configuración formal de las instituciones. Sería un error pensar que el comportamiento del Derecho es independiente a las percepciones y actitudes de las personas a su respecto, del mismo modo en que sería incorrecto pensar que la solución de estos problemas responderá solo a mejoras abstractas de diseño institucional. Es, precisamente, en la combinación de ambas aproximaciones en que se podrán generar mejores contribuciones.
Para problemas complejos necesitamos conocimiento adecuado. Para ello, el Derecho necesita vincularse con la economía, la historia y otras disciplinas, con el fin de analizar de mejor manera fenómenos multicausales. De otra manera, su participación en la pretensión de recomposición del vínculo entre ciudadanas y ciudadanos y el Estado podía tener lugar a ciegas, solo tanteando.
Publicado en El Mercurio junto a Javier Wilenmann, profesor y director del Director Centro de Investigación en Derecho y Sociedad UAI.