En la última elección de diputados la papeleta para el distrito 7, que elegía ocho diputados, contenía 57 candidatos. A primera vista, pareciera que a mayor número de candidatos, mayor representatividad. No es así. La democracia se perjudica tanto cuando se ofrece al electorado muy pocas opciones, como cuando se le ofrecen demasiadas.
Esto no sería así si el voto tuviera una función puramente expresiva de las preferencias de los electores, sin consecuencias políticas ulteriores. Pero el voto determina quiénes resultarán elegidos para servir ciertas funciones públicas de dirección política o, el 11 de abril próximo, para redactar la constitución política.
Este efecto del voto—su utilidad—importa a los electores. Por eso al momento de votar se suele considerar no sólo qué candidato se acerca más a lo que uno piensa, sino también las posibilidades concretas que cada candidato tiene de resultar electo.
A mayor número de candidatos, mayor dispersión de la votación y mayor dificultad para anticipar qué candidatos son competitivos. Se genera así un círculo vicioso que intensifica la dispersión.
El número de candidatos electos será constante, pues está determinado por ley; pero cada candidato resultará elegido con menos preferencias y muchos votos terminarán en personas que tenían pocas posibilidades de resultar electos. De este modo no se refuerza la representatividad.
Por otra parte, resulta imprescindible para el buen funcionamiento de una elección que los postulantes en competencia puedan darse a conocer. En esto el exceso de candidatos también resulta pernicioso: las oportunidades de cada candidato para informar al electorado disminuyen, mientras más personas compitan por la atención de los electores. El umbral de saturación del espacio informativo es relativamente bajo. Pasado ese umbral, mientras más candidatos haya menos información tendrán los electores sobre las respectivas posiciones políticas de cada uno.
Un sistema electoral debe propender a evitar que exista un número excesivo de candidatos en competencia. Por cierto, debe hacerlo de manera racional. La legislación actual utiliza dos filtros: los partidos políticos y las firmas de ciudadanos. Ambos han sido criticados, especialmente por las dificultades que representan para los independientes. Debido a sus altísimos índices de desaprobación, los partidos políticos aparecen como instituciones deslegitimadas para cuasi monopolizar la presentación de candidaturas. Y la exigencia de firmas se critica por la dificultad para su obtención, especialmente en la actual pandemia.
Aun así, sería un grave error eliminar estos filtros. Por desprestigiados que estén, los partidos políticos en algún momento tuvieron que reunir un número significativo de firmas para constituirse como tales y resultan imprescindibles para el funcionamiento de cualquier forma de representación democrática. Por lo demás, las reglas de paridad que rigen la elección de convencionales aseguran una renovación en las candidaturas, pues los partidos estarán obligados a presentar muchas más mujeres que en elecciones anteriores.
Como sea, si se decide relajar la exigencia de firmas, debe hacerse sin renunciar al efecto de filtro que ellas deben jugar. Si al distrito 7 se presentan más de 57 candidatos a convencionales, con seguridad tendremos una Convención Constitucional sensiblemente menos representativa que la actual Cámara de Diputados.
Publicado en The Clinic