La agenda periodística en educación durante las últimas tres semanas ha estado marcada por las reacciones frente a la acusación constitucional contra Marcela Cubillos, actual Ministra de Educación. Si bien la imputación se sustenta en argumentos legales debatibles, ésta puede ser entendida de manera más bien política. Lo que yo quisiera añadir a esta reflexión son las diversas oportunidades que tenemos ahora, las cuales no deberíamos dejar pasar.

Primero, es una posibilidad para cuestionarnos porque no se han cumplido las leyes y no se han adjudicado los presupuestos debidos en este ámbito. Es nuestra responsabilidad el hacernos preguntas tales como ¿a los intereses de quiénes responde este olvido?, ¿qué intensiones hay detrás de tales faltas? La omisión o falta de acción tiene significados ¿Cuáles son en este caso? Si bien la solución a un sistema educativo en crisis requiere más que la inyección de recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), este evento puede abrir diálogos y debates necesarios acerca de los valores que, a la vez que sustentan, reproducen a nuestro sistema.

Asimismo, tenemos una oportunidad para repensar la educación que queremos para Chile, especialmente la educación pública, tanto su misión como su visión. Esto requiere de una visión futura más grande del país como totalidad, es decir, la elaboración de una propuesta estructural, donde la educación es uno de varios otros ámbitos, tales como la salud, el trabajo, las pensiones, las migraciones. Es por tanto también la oportunidad para debatir cual debiese ser ese proyecto país, articulando a la oposición y a la sociedad civil, que podemos vislumbrar de manera más participativa. Como está en blanco, todos podemos aportar con nuestras visiones. Sin ese proyecto, las políticas públicas en educación tenderán a fracasar.

Es, igualmente, una oportunidad para aprender sobre la historia reciente de Chile, y de las otras acusaciones admitidas de este tipo a dos ministros de educación en los gobiernos democráticos luego de la Dictadura de Pinochet, en el marco de la Constitución de 1980, que es a su vez continuación de la Carta Fundamental de 1925. Podemos usar este momento para aprender de los errores, para cambiar y para que las posibilidades futuras de que quienes elijamos en las próximas elecciones sean coherentes con ese proyecto país que queremos. Para que las próximas celebraciones de la “chilenidad” sean por un país que se ha reconstruido y que asume el futuro responsablemente con sustentabilidad social, es decir, justicia social. Espero que todos estos hechos no queden solamente en el baúl de los tristes recuerdos y haya acciones desde las organizaciones civiles, los actores en educación, la ciudadanía. Todos tenemos la tarea de repensar Chile.