La barra brava tuitera celebró con ese hashtag el avance del proyecto que permite un segundo retiro desde las AFP. Un hashtag creado en honor a la diputada Jiles, quien según las encuestas asoma cada vez con más fuerza como la salvadora de sus “nietit@s”.
En cierto sentido hay que darle gracias a la abuela-diputada. No precisamente por impulsar una medida que a todas luces es dañina en el largo plazo, como ella misma reconoce, sino más bien, por mostrarnos en carne viva la importancia de una regla constitucional que hay que mantener: la iniciativa exclusiva del Presidente en materias de gasto público.
Esta regla indica que solo el Presidente de la República puede iniciar la tramitación legislativa de proyectos de ley que tengan relación con impuestos y gastos públicos, entre otros. Así, la labor del Congreso se circunscribe a “aceptar, disminuir o rechazar” las iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente.
Si solo se analiza esta regla de manera superficial -como lamentablemente se ha hecho costumbre últimamente-, se podría concluir que exacerba el presidencialismo imperante, que inhibe la creatividad de parlamentarios bienintencionados, o incluso, que es poco democrática porque niega poder a “quien verdaderamente representa al pueblo: el Congreso”.
Pero analizándola en profundidad, existen motivos de fondo para conservar esta regla en un régimen presidencial. Primero, permite radicar la responsabilidad de la disciplina fiscal en manos de un solo agente y le da las herramientas para lograrla: el Ejecutivo. Esto facilita la rendición de cuentas y el manejo de las finanzas públicas con una mirada de largo plazo. Segundo, la iniciativa exclusiva contrarresta los incentivos naturales (y hasta entendibles) que tienen los parlamentarios para privilegiar sus propios intereses electorales, sin importar las consecuencias fiscales de sus actos.
Dos comentarios adicionales. Primero, la iniciativa exclusiva del Presidente tiene larga data en Chile, más allá de la Constitución de Pinochet, y gobiernos de todos los colores políticos han contribuido a perfeccionarla. Segundo, apoyar esta regla no implica que el Congreso deba ser un mero “buzón” del Ejecutivo. Por el contrario, lo que se espera es una relación cooperativa entre ambos poderes, la que hoy no se está dando. Para ello se debe impulsar la cooperación mutua, fortaleciendo la capacidad del Congreso para contrapesar la evidencia técnica presentada por el Ejecutivo en la discusión de las políticas públicas (ver, por ejemplo, Agostini y coautores, 2016).
Lo bueno de las malas políticas públicas, es que nos permiten sacar lecciones. Es de esperar que este segundo retiro no sólo logre aliviar los bolsillos de quienes lo están pasando mal, sino que también permita mostrar la importancia de esta regla que ayuda a mantener la disciplina fiscal. Disciplina que es necesaria para el desarrollo de largo plazo y que es un patrimonio que todos debemos cuidar.
Publicado en La Segunda