Falleció el sacerdote Fernando Karadima, ícono nacional de los delitos de abuso sexual y encubrimiento que han teñido de oprobio a la iglesia católica chilena y que significaron la pérdida de toda posible autoridad moral de dicha institución dentro de nuestra sociedad.
Porque nadie debiera dudar que la iglesia católica en Chile se erigió durante la dictadura, de la mano del cardenal Silva Henríquez, en una institución con una autoridad moral indiscutible, gracias a su esfuerzo de protección de las víctimas de abusos de derechos humanos por parte del gobierno y todo su aparataje represor. Pero todo eso se vino al suelo al irse conociendo la seguidilla de abusos por parte de varios de sus miembros hacia los más débiles e inocentes, a quienes precisamente debían proteger y cuidar, los niños. Y de eso, Karadima se convirtió tal vez en el paradigma máximo, la figura más carismática y prestigiosa que envanecido en su poder se permitió abusar de lo más sagrado, de la inocencia de los niños que veían en él una figura paternal de la que carecían, y que naturalmente lo hicieron su propio guía espiritual y moral.
Pero más allá del castigo que no tuvo en vida por sus acciones, no nos olvidemos que dejó atrás a otros culpables posiblemente mayores. Porque incluso un enfermo puede escudarse detrás de una patología mental para explicar su conducta pervertida. Pero el actuar absolutamente racional de toda una estructura de encubrimiento a mi juicio tiene incluso mucho más dolo, mucha más culpabilidad. Porque es esa estructura la que posibilita que esos delitos se amparen y se mantengan en el tiempo, escudándose en una justificación impresentable de pretender acoger y cuidar al pecador, buscando su redención, en vez de preocuparse de las víctimas y su protección.
Y es aquí cuando cabe preguntarse hasta qué punto una organización puede llegar a ser culpable de los delitos de sus miembros. ¿En qué minuto una seguidilla de varias acciones deja de ser una simple sumatoria de casos aislados y pasa a convertirse en un mal institucional?
Sin duda ninguna organización declara dentro de sus valores y principios alguna tolerancia o fomento de conductas reñidas con lo ético. Al contrario, lo habitual es encontrarnos con una serie de principios y declaraciones ampliamente asentados en una base valórica incuestionable. Y por eso les resulta fácil entender cada posible desviación como una anomalía, una excepción puntual y extraordinaria. Sin embargo, no basta con tener una declaración valórica si no se cuenta además con mecanismos que dificulten y eviten la ocurrencia de dichas conductas desviadas, además de procedimientos que garanticen que de ocurrir sean convenientemente corregidos. De lo contrario, si se facilitan las condiciones para el actuar poco ético, si se omite la adecuada fiscalización, si se lo minimiza cuando ocurre, si no se lo sanciona y se lo oculta para cuidar el impacto de la reputación institucional en la opinión pública; entonces estamos en presencia de un actuar cómplice del delito. Peor aún cuando dichas malas prácticas terminan instaurándose de manera generalizada, e incluso amparadas por la alta dirección de la organización.
Si no cuidamos que nuestras instituciones no se queden en la mera declaración y generen estructura formal para velar por un actuar más ético, seguiremos manteniendo las condiciones para que estas malas prácticas sigan existiendo, e incluso se amplíen cada vez más, amparadas en la estructura de impunidad. E indudablemente los pecados de los miembros se convertirán en pecados institucionales, con el consiguiente impacto en la reputación de la organización.
Publicado en RH Management.