Se ha convertido en el deporte favorito de la Nueva Mayoría: lanzar acusaciones e imputar conductas en las que terminan estando también involucrados. Jugar con la ilusión de la superioridad moral, de fronteras éticas que lograrían administrar sin riesgo, como si tuvieran una garantía de que estarán siempre a resguardo, porque pueden confirmar que nunca las han traspasado. En rigor, una fantasía maniquea que ya no se sostiene por ningún lado, pero con la cual tropiezan una y otra vez.
Ahora le tocó al PS, justo en el momento de una ofensiva oficialista para ilustrar a la opinión pública sobre los conflictos de interés y la escasa transparencia con que Sebastián Piñera maneja su patrimonio. Precisamente, las mismas debilidades que un reportaje de televisión dejó en evidencia en la forma usada por los socialistas en la gestión de sus propios activos. En síntesis, inversiones en empresas reguladas y concesionadas por el Estado, cuyos esquemas de negocios y márgenes de utilidad están afectos a las decisiones que toman las autoridades de gobierno y los parlamentarios. Asimismo, en la cartera de inversión socialista se encontraban conglomerados que están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas, situación que el PS optó por no transparentar en el marco de las tensiones vividas en el último tiempo. Entre dichas empresas está de nuevo SQM, que definitivamente parece tener una capacidad de ‘seducción’ muy misteriosa sobre los partidos de izquierda.
El golpe político y comunicacional sufrido por el PS está siendo enorme, no debido al quebrantamiento de la anterior ley de partidos políticos, sino por la transgresión de los mismos marcos éticos que se le han impuesto al principal candidato opositor. Y también, por la inconsistencia de los antecedentes revelados con la matriz ideológica impulsada desde la Nueva Mayoría, para la cual el lucro, la búsqueda de rentabilidad y la especulación financiera, son dimensiones que por principio siempre están bajo sospecha de debilidad ética.
Con todo, el contraste que hoy afecta al PS -la distancia entre lo que se predica y lo que se practica- no es nuevo para la coalición gobernante. Lo mismo ya le pasó cuando La Moneda decidió salir a fulminar a la UDI por el financiamiento ilegal de sus campañas, y terminó encontrándose a la vuelta de la esquina con que las mismas conductas se extendían a todo el espectro político, incluida la ‘precampaña’ de Michelle Bachelet. Así, el caldo en el que ahora se cocina el socialismo es de algún modo un plato repetido, expresión de la infantil ingenuidad de creer que se puede denunciar a los adversarios de las mismas prácticas en que se participa, y que la opinión pública nunca se va a enterar. Al final, es como soltar el boomerang con la ilusión de que, luego de golpear a la presa, no va a terminar de vuelta haciendo lo mismo a quien lo lanzó.
En definitiva, la ocasión de esta denuncia no podía ser más adecuada. Ello porque la misma transparencia y resguardo que se debe pedir a Sebastián Piñera en la administración de su patrimonio, cabe exigírsela también al PS y a las demás colectividades. De hecho, la nueva ley vigente desde el año pasado obliga a los partidos con un patrimonio superior a 25 mil UF a realizar un fideicomiso ciego. Y por alguna razón hasta ahora tampoco aclarada, el PS no la ha cumplido.