Desde que se aprobó la ley de inclusión escolar, hace cuatro años, el número de colegios particulares subvencionados ha disminuido en 395 y los municipales en 354; en el mismo lapso, los particulares pagados -aquellos que se financian con recursos de los padres, seleccionan a sus alumnos y no tienen prohibido el lucro- aumentaron en 86. Se ha dicho que la causa de este efecto inesperado es que cada día hay menos niños en el país y, al parecer, los padres de los que van quedando tuvieron en los últimos años un poderoso incentivo a moverse en dirección contraria a la educación financiada con recursos públicos.
En síntesis, la ley de inclusión impulsada por la ex Nueva Mayoría está debilitando la educación pública frente a la particular pagada, y el silencio y la indiferencia de todos los que promovieron dicha política es realmente impresionante. Quizás, para muchos de ellos lo importante en su momento fue simplemente ganar la batalla ideológica que representó esta ley, no los reales efectos que su implementación tendría en el sistema escolar. Total, siempre hay argumentos para justificar que las cosas no salgan igual a lo planificado.
Ahora, dos diputadas comunistas impulsan un proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas semanas, argumentando que los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores incluso pueden ayudar en términos de productividad. ¿Habrán estudiado ellas y los demás promotores de la iniciativa sus implicancias para el mercado laboral; más aún cuando en paralelo se tramita una reforma previsional que, como mínimo, aumentará la cotización en cuatro puntos? Es de suponer que aquellos que promueven y los que apoyan esta reducción de las horas de trabajo tienen bien estudiado y delimitado el efecto que esta iniciativa agregará sobre un mercado del trabajo que se apronta a una importante alza de las cotizaciones.
Entre otras cosas, se defiende el proyecto porque las encuestas confirman que es muy popular. Obvio, ¿cómo no va a ser popular ofrecerle a la gente trabajar menos y seguir ganando lo mismo? Pero que el proyecto sea popular no implica que sea serio y responsable, más aún si no están los estudios sobre sus consecuencias, sumadas a las de una reforma previsional en curso.
El próximo año tendremos por primera vez elecciones de gobernadores regionales, de acuerdo a una ley que dejó en funciones a un delegado presidencial, sin precisar con un mínimo de rigor las atribuciones y facultades de cada uno. En general, parlamentarios de todos los sectores reconocen los problemas que derivarán de esta situación, pero la elección no se detiene ni tampoco hay voluntad política para perfeccionar el marco legal antes de la fecha límite. En resumen, ya se verá en el camino cómo se arreglan las dificultades que todos anticipan, igual como tuvo que hacerse en su momento con el Transantiago.
Por qué fracasan los países es el título de un libro ya célebre publicado en 2012 por dos destacados economistas norteamericanos. En él se plantea una interrogante a la que nuestro país está haciendo grandes esfuerzos por responder.
Publicado en La Tercera.