La filtración de los datos del Ministerio de Salud en un medio de prensa digital deja en evidencia, una vez más, las deficiencias en cuanto a gobernanza de datos que existen en nuestro país. La pandemia ha desnudado las falencias presentes en el manejo de datos sensibles en Chile, lo que pone en peligro la privacidad de los contagiados, dificulta el acceso al conocimiento para tomar mejores decisiones y crea una errónea disyuntiva entre el uso eficiente y el uso ético de los datos.
Un caso evidente de éxito en el control de la pandemia es el de Nueva Zelandia. El país —liderado por Jacinda Ardern— ha logrado reducir notablemente el avance de la pandemia a partir de una rigurosa estrategia de control. Pero aquel país se destaca en otros aspectos también centrales para el Chile actual. Nueva Zelandia posee, hace casi una década, una infraestructura integrada de datos, que demuestra que es posible acceder eficientemente a los datos de la ciudadanía respetando marcos éticos y de seguridad sumamente rigurosos, que protegen la privacidad y los derechos de todos los ciudadanos. Esta base de datos integra información que poseen los organismos públicos sobre las personas y empresas, y permite a funcionarios públicos e investigadores capacitados y con referencias, desarrollar proyectos de investigación que busquen el interés común. El acceso a datos anonimizados se da a través de red de laboratorios de datos repartida en el país, con medidas de seguridad de la información que son auditadas periódicamente. Los resultados de los análisis son chequeados antes de su publicación para asegurar que cumplen con los estándares de protección a la privacidad.
Una infraestructura integrada de datos permite asegurar un uso responsable y transparente de datos públicos, utilizando éticamente el conocimiento y capacidades existente en la academia y la sociedad civil, y mejorando la calidad de las políticas públicas basándose en la valiosa información que surge de los datos.
Hemos conformado un consorcio entre universidades nacionales, con el objetivo de promover e impulsar una infraestructura integrada de datos en nuestro país para solucionar de forma concreta y con una mirada de largo plazo los profundos problemas que la pandemia ha evidenciado en torno al uso de datos. Creemos que la necesaria y urgente discusión pública que se está llevando a cabo sobre el acceso a datos administrativos y su regulación debe converger en una propuesta concreta que logre resolver una larga tradición de falencias en términos de uso de datos por parte del Estado de Chile.
Los desafíos futuros del país requieren un uso responsable de la información. En efecto, Chile se encuentra implementando y discutiendo una serie de políticas económicas y sociales, las que podrían ser optimizadas con una infraestructura de datos que facilite la toma de decisiones, posibilite su seguimiento, informe de potenciales efectos y, posteriormente, permita evaluar los efectos de dichas intervenciones. La disyuntiva entre acceso a los datos y privacidad es falsa e inconveniente. Solo se requiere la voluntad de poder implementar a la brevedad una nueva infraestructura de datos como la descrita. La actual emergencia sanitaria y económica es el momento apropiado.
Columna de María Paz Hermosilla, Juan Pablo Luna, David Bravo y Dante Contreras.
Publicado en El Mercurio.