"...Como resultado de este trastocamiento, el comiso de ganancias, que en ningún caso se reputa pena, aparece no obstante mucho más estricto en las condiciones de su aplicación que las otras dos modalidades de comiso, que es pena si es impuesto por una condena. Eso no es razonable como un principio general y produce inconsistencias..."

“...Una cosa es que una muerte sea justificable cumpliéndose ciertas condiciones, y otra muy distinta, que no haya que probar cabalmente su cumplimiento para darla por justificada...”

"Lo interesante de la coincidencia Lavín y Jadue no radica en su carácter demagógico, sino en el modo como interpretan la falta de legitimidad de la administración de justicia y de qué manera un tribunal formado por ciudadanos contribuiría a superar ese déficit".

"El proyecto aún no es ley, pero esa votación es importante. El tabú fue removido. O, si se quiere, su remoción quedó en evidencia en el Congreso. Porque hace tiempo que la cultura chilena no vive bajo el catecismo."

“¿Qué futuro tiene un proceso de descentralización marcado por estas tendencias? Es bastante previsible: un escenario de conflictos con el gobierno central y el municipal, burocratizados, judicializados o politizados, y una disposición provincial cada vez más irreversiblemente adversa a generar una auténtica descentralización”

El Estado cumple con su deber si se cerciora de la autenticidad y seriedad de la voluntad del individuo y si pone a su disposición, y a la disposición de quienes pueden decidir por él en caso de quedar inconsciente, todos los medios para evitar la muerte. Pero no puede legítimamente coaccionarlo a vivir. El derecho a la vida no implica el deber de vivir.

Después de la posibilidad de no alcanzar acuerdo constitucional alguno, quizás el riesgo mayor del proceso constituyente sea el de desaprovechar una oportunidad única de superar nuestras limitaciones históricas para diseñar buenas instituciones.

Bajo la idea regulativa alemana y ahora chilena, se puede incurrir en infracción a deberes fiduciarios incluso sin poseer facultades de disposición u obligación.

Aquí hay una genuina cuestión de política legislativa, con argumentos en pro y en contra de cada opción en relación con qué tendrá más eficacia judicial.