En el marco del Seminario Internacional “Derecho Constitucional Penal Comparado: Latinoamérica” organizado por La Facultad de Derecho junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales donde diversos investigadores de América Latina, Europa y Norteamérica revisaron distintos aspectos del derecho constitucional penal en perspectiva comparada, se realizó la conferencia anual de la revista Latin American Legal Studies, en la que el profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Máximo Langer, dictó su charla magistral “La constitucionalización del procedimiento adversarial en Latinoamérica en perspectiva comparada”.

Langer, quien es director del UCLA Transnational Program on Criminal Justice y director de la facultad de la UCLA Criminal Justice Program afirmó que en los últimos 30 años, el fenómeno más importante que ha ocurrido en materia procesal penal en América Latina ha sido la ola de reformas acusatorias. “En todos los países de habla hispana de la región, sin excepción, se han introducido reformas y nuevos códigos que han sido caracterizados como acusatorios”, sentenció.

Sin embargo, aseguró que “ha habido un fenómeno que se ha desarrollado en paralelo a la adopción de estas reformas, pero que no ha sido percibido como tal, con esto me refiero al fenómeno de constitucionalización del sistema acusatorio (o procedimiento adversarial), es decir, que esta concepción del proceso penal, entendida como una disputa entre dos partes: la fiscalía y la defensa frente a un tribunal, es usada explícita o implícitamente como si tuviese jerarquía constitucional y, como tal, podría ser utilizada para decidir casos o invalidar e interpretar leyes”.

El experto advirtió que si bien hay países como México en donde el sistema acusatorio está expresamente constitucionalizado, en la mayoría de los casos esto no sucede, por tanto, en la práctica, se recurre a tres argumentos clásicos para intentar constitucionalizar el procedimiento adversarial: la imparcialidad, la garantía de defensa en juicio y la separación de poderes. Langer se refirió a ciertos ejemplos de la jurisprudencia latinoamericana en los que se ha invocado alguno de estos argumentos con el objetivo de constitucionalizar el sistema acusatorio: el caso Quiroga de la Corte Suprema de Justicia Argentina (2004), el caso Rodríguez de Sosa de la ciudad de Buenos Aires (2006) y el caso Matamoros de la Corte Suprema de Chile (2009).

No obstante, el académico aseveró que se trata de argumentos circulares y descartó que éstos sean válidos para respaldar la constitucionalización del sistema acusatorio, ya que se fundamentan en una petición de principios y no en un razonamiento sustancial. “Para argumentar a favor de este modelo normativo, incluso como modelo constitucional, es necesario referirse a ciertos principios fundamentales como, por ejemplo, que el sistema acusatorio sea claramente superior a todos los otros modelos posibles para defender o proteger la libertad del imputado, o que sea superior a todas las otras concepciones posibles del proceso penal para avanzar en el concepto de igualdad o de dignidad humana. (…) Es importante que la discusión esté enmarcada en estos términos, en lugar del modo circular como generalmente se realiza”, expresó.

Una vez concluida la conferencia, Mauricio Duce, director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales, comentó las principales ideas planteadas por Langer, manifestando que su presentación “nos entrega un marco de análisis novedoso que hasta el momento no se había visto en Latinoamérica, el cual resulta bien interesante para mirar los procesos penales en la región y ver cómo se empieza a construir un nuevo discurso y una nueva práctica jurídica entorno a los sistemas acusatorios”.

Duce concluyó que “constitucionalizar lo acusatorio corre el enorme riesgo de petrificar o hacer poco flexible los procesos penales en el futuro; mi temor es que esto se transforme en una suerte de religión, cuya sola mención sea una carta de triunfo en cualquier debate en relación con el diseño de resolución de problemas de nuestra justicia penal y, en definitiva, nos lleve a confundir los medios con los fines”.

Latin American Legal Studies es una revista bilingüe de la Facultad de Derecho de la UAI que publica semestralmente trabajos originales e inéditos de temas misceláneos relevantes para la región, con un carácter filosófico, doctrinario, comparado o interdisciplinario y que se refieran a uno o más sistemas jurídicos latinoamericanos.