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La reforma tributaria bajo la mirada de Francisco Saffie

30 de noviembre 2018 Entrevistas Noticias Profesores

El abogado y académico de la Facultad de Derecho, quien actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la universidad de NYU, Estados Unidos, fue entrevistado por el Diario Financiero para analizar la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera.

Para el abogado, quien fue asesor del Ministerio de Hacienda del último gobierno de  Bachelet donde fue el artífice de la norma antielusión afirmó que “la oposición no está en condiciones de negociar con el Congreso” e hizo un llamado a que la actual oposición no deje de lado sus ideas políticas al momento de ver el diseño del sistema tributario.

Lee aquí la entrevista:

-Usted fue muy crítico cuando se presentó el proyecto. ¿Ha cambiado su percepción?

– Mi percepción inicial no ha cambiado porque no ha habido ninguna razón para ello. A veces, se nos olvida una obviedad: la reforma tributaria es expresión de una política tributaria. Lo que se ha discutido muy poco es política tributaria es adecuada para el país. En ese sentido, el proyecto del gobierno no es una “modernización y simplificación” inocua, ya que afecta las dos funciones más importantes de un sistema tributario: la de recaudación y la de redistribución.

– ¿Están dadas las condiciones para que la oposición apruebe la idea de legislar el proyecto?

– Las reglas constitucionales establecen con mucha claridad que el Presidente de la República tiene competencia exclusiva para establecer la política tributaria; nadie más puede presentar (ni modificar) proyectos de ley en esta materia.

Dicho esto, no veo en la oposición una obligación de llegar a acuerdo en una política tributaria que no representa sus ideas políticas. Conversar el proyecto en el Congreso es un buen ejercicio, pero si quien tiene competencia para modificar el proyecto no lo quiere hacer, la oposición no tiene obligación de aprobarlo que el Presidente propone.

La estrategia del gobierno de no modificar el proyecto y de “negociar” termina desprestigiando la política, porque ya no se discute sobre el interés general sino sobre intereses particulares. La oposición no puede sentirse presionada a negociar en el Congreso porque los senadores y diputados no tienen competencia constitucional para modificar el proyecto. Cuando las partes no tienen igual competencia, no hay negociación.

– Los principales puntos de discusión han sido la integración y la boleta electrónica.

– El debate debería centrarse en la política tributaria que propone el gobierno: vale decir, un Impuesto a la Renta que establece un tratamiento privilegiado a las rentas del capital y en supeditar el derecho tributario al derecho civil. En ese sentido, la discusión sobre la integración me parece necesaria.

La integración es una política tributaria que tiene consecuencias tanto para la recaudación como para la redistribución, porque se trata de la definición sobre quiénes son los contribuyentes del Impuesto a la Renta y cuánto impuesto deben pagar.

– ¿Falta mayor discusión?

– En cuanto a medidas compensatorias en recaudación, también falta una discusión que evalúe el restablecimiento de una medida excepcional como la repatriación de capitales o el retiro anticipado del FUT. Falta una discusión sobre los cambios que se proponen en materia de Código Tributario, porque en caso que esos cambios se aprueben, condicionan de manera grave la función del derecho tributario, haciendo primar las categorías del derecho civil.

También falta discutir sobre la redefinición de los gastos en la determinación de la renta líquida imponible, la disminución de la tributación de la ganancia de capital, los beneficios en materia de impuesto a las herencias y donaciones, de capitalización de fundaciones y de crédito fiscal en el IVA a la construcción, como los problemas del proyecto en cuanto a la Defensoría de los Contribuyentes.

¿Es factible que se recaude lo esperado con la boleta electrónica?

– La mayor parte del aumento en recaudación por el establecimiento de medios electrónicos ya se generó con la factura electrónica y el uso para fines tributarios de los comprobantes de tarjetas bancarias.

– ¿Es comparable con la experiencia de la factura electrónica?

– No, se trata de situaciones completamente distintas en cuanto a volumen de operaciones. El caso de las boletas electrónicas tiene un universo de casos pequeño.

– Las críticas han apuntado a que la integración favorece a los socios de las empresas más grandes. ¿Eso es coherente con las cifras en mano?

– La crítica apunta a que los socios de sociedades con mayores ingresos son quienes se benefician con la integración, y eso es correcto. Esos contribuyentes son los socios de sociedades anónimas y las personas naturales que organizan sus negocios mediante estructuras societarias complejas. Esas personas son quienes más se beneficiarán del sistema integrado porque implica una disminución de sus impuestos.

-¿Qué temas deberían incluirse en la reforma y no ve hoy en el debate?

-No puede ser que en nuestro país el desarrollo y el crecimiento económico estén condicionados a disminuir los impuestos de quienes tienen más capacidad contributiva. Esa es la forma en que la reforma tributaria que propone el gobierno entiende “modernizar”: restableciendo los beneficios a la tributación del capital que existían antes de la reforma tributaria de 2014.

-¿Es buena idea volver a subir la tasa máxima de las personas a 40%?

-Es una idea que no tendría ninguna consecuencia. Quienes proponen esta idea como negociación entienden que diferir los impuestos y dar el crédito completo por el Impuesto de Primera Categoría se compensa subiendo la tasa del Global Complementario. El problema es que las personas naturales que se acogen al sistema integrado sólo pagarán sus impuestos al momento que retiren o les distribuyan. Eso es equivalente a sostener que esas personas podrán determinar si quieren o no pagar el 40%, cuestión que evidentemente no harán. Es bueno recordar que este era uno de los problemas del FUT, que se restablecería en la propuesta del gobierno.

-¿Es intransable mantener la norma antielusión como se aprobó en el gobierno pasado?

-El establecimiento de una norma general antielusión fue uno de los grandes avances y verdades modernización del sistema tributario chileno. Lo que debe mantenerse entonces es una norma diseñada de forma tal de conferir potestades a la administración para interpretar el derecho tributario conforme a su función y no supeditarla al derecho civil.

La reforma del gobierno no refuerza la norma general antielusión. Se ha dicho que se busca que la norma se ajuste a la “tradición chilena”, como si existiese algo así en materia legal, cuando en realidad lo que se hace es condicionar su aplicación a la validez de los actos o contratos bajo del derecho civil. La propuesta del gobierno no combate la elusión sino la validez de esos actos bajo el derecho civil.

*Foto Diario Financiero.

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