Derecho UAI organiza seminario sobre recuperación de activos estatales y regulación del comiso

12 de Abril 2018 Noticias

La Facultad de Derecho realizó el seminario “Recuperación de Activos Estatales y Regulación del Comiso en Chile”, con el objetivo de entregar un análisis sobre la regulación de comisos y recuperación de activos en el país a partir del derecho comparado. La actividad académica se realizó los días 9 y 10 de abril en la sede Errázuriz y contó con la presencia de expertos de nivel nacional e internacional, quienes exhibieron los progresos y resultados que hay sobre esta materia en las legislaciones de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

El decano, Ramiro Mendoza, dio inicio al seminario expresando que “nos pareció una labor y un desafió relevante como Facultad hacernos cargo de este problema con expositores internacionales de primer nivel, dado el evidente retraso en la legislación interna chilena en la materia y en la masividad de los cambios que se han vivido en el derecho comparado en los últimos años”. Mendoza enfatizó que se deben aprovechar instancias como ésta para que, en un mediano plazo, se articulen las medidas necesarias que eviten casos de corrupción como el de “Lava Jato”, el cual tuvo alcances en varios países de la región.

Durante la primera jornada del programa, expuso Eugenio María Curia, ex presidente de la Conferencia de los Estados-parte en las Convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción y contra el Crimen Transnacional, quien entregó antecedentes sobre el comiso y la recuperación de activos en el contexto internacional. Según Curia, basándose en estudios de Naciones Unidas, los ingresos a nivel global que se generan a partir de “dineros sucios” producto del comercio de drogas, tráfico de armas, trata de personas, etc., son alrededor de 2,2 trillones de dólares anuales. Sin embargo, se calcula que los Estados sólo logran decomisar el 3% de esa cantidad. “Esto demuestra una total incapacidad por parte de los Estados de tener un adecuado mecanismo de cooperación internacional para los fines de decomiso”, sentenció.

Entre los principales avances que se han realizado en materia de colaboración global destaca la creación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), institución intergubernamental que plantea un conjunto de cuarenta recomendaciones enfocadas en la limitación del blanqueo de dineros y la regulación del comiso.

Posteriormente, Christoph Burchard, profesor e investigador alemán de la Goethe University Frankfurt am Main, se refirió a la reforma al sistema de comiso en Alemania realizada en 2017. Para Burchard, la clave para establecer una ley de comiso está en descubrir la naturaleza jurídica de éste, es decir, si debe ser juzgado bajo derecho penal o civil. El académico considera que se debe encontrar un término medio entre ambas áreas y plantea que “estos enfoques tradicionales de lo uno o lo otro son insuficientes, ya que más bien son excluyentes. (…) Nuestra manera tradicional de concebir la ley no está equipada para entender estas nuevas medidas híbridas que combinan todo para establecer herramientas eficaces contra este tipo de delitos”.

Por último, Stefan Cassella, ex fiscal federal y ex jefe del Departamento de Justicia en la sección de lavado y recuperación de activos de Estados Unidos, comentó los alcances que tiene la ley federal norteamericana. Según él, producto de los comisos, en Estados Unidos se recuperan alrededor de dos mil millones de dólares al año, de los cuales la mitad proviene del tráfico de estupefacientes. El dinero recuperado se utiliza para recompensar a las víctimas si es que las hay, de lo contrario ingresa a un fondo que es utilizado por las fuerzas de la ley del orden, como el FBI, la DEA, el IRS o el Departamento de Seguridad Nacional, para capacitar a su personal o comprar equipamientos.

Bajo la ley federal estadounidense se pueden recuperar todas las ganancias que conlleva un delito, así como también todas aquellas propiedades que han permitido el funcionamiento de éste. “Si alguien utiliza sus bienes para cometer un delito, como un traficante que usa un avión privado para vender drogas o que lava dinero a través de una empresa, podemos quitarle esas propiedades para que no pueda reincidir en el futuro”, explicó Cassella.

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