En menos de 24 horas dos hechos volvieron a instalar el caso Caval en el corazón de La Moneda y de la agenda gubernamental. Como un maleficio que no termina o una pesadilla condenada a repetirse una y otra vez, el jueves se conocieron detalles de una supuesta conversación entre la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, y el ‘gestor inmobiliario’ vinculado al caso Caval, Juan Díaz. Y a última hora de ayer, el ministro Jorge Burgos informaba que el recién pasado 24 de mayo la presidenta Bachelet declaró como testigo y de manera voluntaria ante el fiscal que instruye la causa, Sergio Moya.
Dos circunstancias que al parecer no tienen conexión entre sí, pero que inevitablemente reponen en la atención pública el caso judicial que más daño de imagen ha generado al gobierno y a la propia Mandataria. Con todo, en esta oportunidad ambos hechos tienen connotaciones que además de riesgos, podrían representar oportunidades para La Moneda. El primero -las presuntas grabaciones efectuadas a Juan Díaz por el OS 9 de Carabineros- dado a que su contenido resulta a primera vista tan inverosímil, que pudo ser de inmediato y sin vacilación desmentido por la presidenta, quien no dudó en calificar su filtración como una ‘canallada y una infamia’, no descartando incluso la existencia de un montaje.
La segunda situación -su testimonio voluntario ante el fiscal- también exhibe una dimensión que puede resultar comunicacionalmente provechosa: la voluntad de aportar en calidad de testigo al esclarecimiento de un caso que, en los hechos, ha sido demoledor para la presidenta y el gobierno. En paralelo, el anuncio de posibles acciones legales efectuado por Bachelet ante la filtración de las expresiones de Juan Díaz, también supone el paso a una posición de ofensiva que puede resultar beneficiosa.
Con todo, lo cierto es que hasta ahora cada nuevo antecedente surgido del caso ha tenido efectos muy nocivos para la autoridad, dado que un sector relevante del país ya tiene una opinión formada sobre las implicaciones éticas y políticas en las que Michelle Bachelet se ha visto envuelta. Su decisión de responder con fuerza a lo que definió como una ‘canallada’ y de colaborar voluntariamente con las diligencias del fiscal, tiene entonces potencialidades para generar alguna inflexión en la imagen que la opinión pública se ha construido en todos estos meses, pero no será fácil.
En definitiva, el precedente con el que La Moneda empieza a lidiar de nuevo indica que, justa o injustamente, este proceso judicial solo ha tenido alcances nocivos; alcances que además se han visto reforzados por un manejo bastante errático de la autoridad. Sin ir más lejos, hoy ya queda instalada la interrogante sobre la decisión del gobierno de ocultar la declaración como testigo de la presidenta. Una circunstancia clave que merecía ser informada al país de manera oportuna y transparente, no como la obligada consecuencia de una “canallada” conocida 24 horas antes.