Poco duró el espíritu navideño en la clase política. Y aunque estamos en los primeros días del primer mes de 2020, pareciera que al gobierno se le apareció marzo.

Primero, porque el año partió con un recrudecimiento de los actos violentos, con la convocatoria masiva en Plaza Italia –o Plaza de la Dignidad- precisamente para recibir la nueva década, que, si bien tenía aires pacíficos, terminó con un nuevo caso de mutilación ocular por un impacto de bomba lacrimógena.

En Valparaíso, la situación no estuvo más calma. Apenas iniciado el nuevo año, las protestas y barricadas se tomaron las calles, y el profesor de educación física, Matías Orellana, recibió una lacrimógena en su cara, lo que arriesga incluso que pierda la visión en ese ojo.

Este tipo de situaciones se han hecho tristemente habituales desde el estallido social del 18 de octubre. Por ello, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, decidió utilizar la práctica del “copamiento” en Plaza Italia, como una forma de evitar que se siguieran repitiendo actos de violencia. Pero la estrategia pareció más una incitación para los manifestantes y hoy la autoridad está ad portas de ser acusado constitucionalmente por vulnerar “la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad”, según reza el libelo presentado en la Cámara de Diputados esta semana. Lo peor de todo, su táctica hasta ahora no da muestras de haber funcionado.

El gobierno retrucó –en voz del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que está siempre en la cuerda floja en cuanto a una posible acusación, como le sucedió a su antecesor, Andrés Chadwick- afirmando que la situación es “irresponsable”. Sin embargo, con aquello no hizo más que hacer hervir más la olla de presión política.

En el caso del jefe regional de Valparaíso, Jorge Martínez, ya hay parlamentarios de la zona que adelantan una posible acusación similar, por cuanto –según advirtieron- él tiene responsabilidad en el actuar de carabineros ante las protestas.

Y mientras las acusaciones van y vienen, los actos de violencia no cesan. Manifestantes que arrasan con todo a su paso, la quema de las casetas del peaje del Troncal Sur a la altura de Villa Olímpica, el ataque al edificio de la intendencia y fuerzas policiales que recurren a todo su potencial para reprimir a los manifestantes, sean pacíficos o no, se han convertido en postales tristemente habituales en Valparaíso y en gran parte del país. Tanto, que, según el Colegio Médico, a nivel nacional desde el inicio de la crisis, 360 personas han sido atendidas por lesiones oculares.

En este escenario –del que a ratos parecen completamente desenchufados- la oposición y el Ejecutivo continúan enfrascados en disputas que nada tienen que ver con apaciguar los ánimos e intentar salir de la crisis. Así, mientras los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros siguen, en las próximas dos semanas el gobierno deberá hacer frente a cuatro interpelaciones en el Congreso: la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, el próximo 7 de enero; el de Salud, Jaime Mañalich, el 8 de enero; el de Hacienda, Ignacio Briones, el 9, y la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el 14 de este mes.

En este enero que tendrá muy poca cara de vacaciones, tanto la violencia, como las interpelaciones y acusaciones constitucionales se dan además en un momento en el que el plebiscito de abril comienza a tomar forma y se discuten sus detalles. Sin embargo, en la medida en que continúe el estado de situación actual, la consulta ciudadana se verá teñida no solo por las disputas políticas, sino también por el aumento del descrédito de las instituciones y, lamentablemente, por la sangre de compatriotas que continuarán manifestándose.

Se requiere algo más que acusaciones cruzadas, lacrimógenas y “copamientos” para enfrentar la situación. El plebiscito será una forma para canalizar la molestia ciudadana, pero si el gobierno y la oposición siguen perdidos respecto de cómo enfrentar la violencia, tendremos un enero complejo y marzo se vendrá con todo. Así como el pasado 15 de noviembre la oposición y el oficialismo fueron capaces de lograr generar un acuerdo, bien le haría al país que todas las fuerzas políticas del país sean capaces de sentarse y evaluar seriamente cómo hacer frente a la violencia de lado y lado. Las acusaciones constitucionales pueden tener lógica a la luz de la legalidad, pero están lejos de ayudar a solucionar la crisis.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.