El informe “Perspectiva Económica Latinoamericana” de la OCDE del 2019, publicado antes de la pandemia, advertía que la región se encontraba en una “Nueva Trampa al Desarrollo” que involucraba cuatro trampas simultáneas: de productividad, vulnerabilidad social, institucional y ambiental. Es interesante constatar cómo lo planteado entonces por la OCDE aplica especialmente a Chile.
El informe señalaba que “la persistencia de una baja productividad parece estar asociada a una estructura exportadora concentrada en sectores primarios con bajos niveles de sofisticación y encadenamientos productivos”, socavando la participación en las “cadenas de valor globales”. Lo cual limita la capacidad de las economías de generar empleo de calidad para una población joven que aumenta significativamente su enrolamiento en educación terciaria.
Esto se vincula con la segunda trampa, la de “vulnerabilidad social”. Se señala el crecimiento de una clase media “aspiracional”, vulnerable, con empleos de baja calidad y riesgos de caer en pobreza. Cabe acá mencionar que la generación de un círculo virtuoso entre sofisticación productiva y empleos de calidad fue la principal motivación para que en 2005 se estableciera una regalía minera que se invertiría en innovación para sofisticar nuestra economía y así mejorar, a través de la creación de empleos de calidad, la distribución funcional del ingreso en Chile.
Sin embargo, menos del 40% de la regalía minera se ha invertido en innovación. Se planteaba que para converger en ingreso per cápita, la inversión en investigación y desarrollo debía subir de un 0,4% del PIB, con un tercio de participación privada, a un 1,2% del PIB al 2020 con un 50% de participación privada. Sin embargo, en estos 17 años la inversión en I+D cayó al 0,3% del PIB, la privada a solo un 0,1% del PIB, las exportaciones decrecieron de un 12% anual en los noventa a solo un 1% a partir de 2005 y la Productividad Total de los Factores declinó, incluso si excluimos al sector minero.
Parte de estas cifras se explica por la inconsistencia temporal de las políticas públicas pro-productividad, es decir, no superamos la trampa de institucionalidad. El ciclo político, con la debilidad institucional, impide priorizar políticas públicas que maduran en el largo plazo, situación que se ha exacerbado en la pandemia, siendo los retiros de fondos de pensiones el caso más elocuente.
Por último, respecto de la trampa ambiental, la OCDE señala que “la concentración en una senda de crecimiento con altas emisiones de carbono es difícil y costosa de abandonar”. Además, “los recursos naturales en los que se basan sus economías se están agotando, lo que lo hace insostenible”.
¿Es inexorable caer en estas trampas al desarrollo, como las describe la OCDE, o tenemos la oportunidad de escapar de ellas? A mi juicio, la trampa fundamental de la que debemos salir es la institucional. Solo así podremos enfrentar los desafíos ambientales, de inclusión social y de productividad y crecimiento, que requieren un sistema político institucional que incentive la coherencia temporal de las políticas públicas.
Publicada por Diario Financiero.