SEÑOR DIRECTOR:

El 1 de febrero debía comenzar el juicio oral del caso SQM, una arista de los casos de financiamiento ilegal de la política. Este se arrastra por ocho años. Solo la audiencia de preparación del juicio oral tomó alrededor de un año de audiencias continuas.

El caso ilustra una crisis en el manejo de procesos penales complejos. No se trata aquí de una excepción. Tampoco se trata solo de los tópicos que tienden a ser resaltados por los abogados: dilapidación de recursos, exceso de tiempo de exposición al proceso penal para los imputados, o que la justicia que llega tarde produzca pocos efectos. El problema central es que el sistema parece ser incapaz de procesar racionalmente información para que se tomen decisiones racionales en asuntos complejos.

La justicia penal compleja está compuesta por rutinas cuyo objetivo es difícil de discernir. Entendiendo que “deben dejar todo en audio”, los jueces disponen que los abogados lean cientos de boletas u otros documentos rutinarios. Ello se puede arrastrar por meses. Los abogados producen volúmenes de información, escalando el uso de información superflua. Las resoluciones suelen tener centenas de páginas, mientras que las sentencias definitivas son todavía más largas. En ella, se enuncia nuevamente la masa de información producida, siendo difícil encontrar del todo los argumentos centrales para resolver el caso.

La Reforma Procesal Penal no logró generar una práctica racional en este ámbito. Tal como en el proceso antiguo, en ella se institucionalizaron rituales contraproducentes. Leer boletas con seguridad no sirve para con ningún tomador de decisión, pero en la práctica se enquistó la idea de que un sistema de justicia demanda esto. Dado su carácter sistemático, es improbable que, sin reformas profundas, no volvamos a asistir constantemente a estos rituales sin sentido y a los costos que involucran.

Publicado en La Tercera