Ya no es fácil saber si las decisiones del nuevo gobierno responden a una estrategia tan elaborada que a los simples mortales nos resulta inexpugnable, o son por el contrario fruto de la pura y simple improvisación. En poco tiempo, dejó claro que en posiciones que parecían de principios había sólo pragmatismo: en el rechazo antes del 11 de marzo a los estados de excepción en la Macrozona Sur o en el otrora respaldo a los retiros de fondos previsionales. Pero lo anunciado ahora responde al imperativo de encontrar una vía política para dar continuidad al proceso constituyente, es decir, al mayor desafío que ha enfrentado el país en décadas y, aun así, la lógica parece seguir siendo la misma.
Sin informar ni coordinarse con los partidos que lo respaldan, el presidente Boric explicitó por primera vez el curso de acción que La Moneda tiene en mente para la eventualidad de que la opción Rechazo termine imponiéndose en el plebiscito de salida. Sorpresivamente, se abrió a un escenario que el oficialismo se ha negado a anticipar, porque ello de alguna manera valida la posibilidad de que el trabajo de la Convención sea desestimado por una mayoría ciudadana.
Dar ese paso sin un diseño político bien elaborado y consensuado con su propia base política resulta, a estas alturas, inentendible. ¿Dejar a sus partidos al margen, sorprendidos y fuera de juego era parte de la estrategia de La Moneda? ¿Para qué golpear todavía más el ánimo de los partidarios del Apruebo con una decisión que instala al triunfo del Rechazo como opción viable para seguir adelante?
Se dijo que quizá el objetivo buscado era “aumentar el costo” del Rechazo, apostar al desgaste y al hastío de la gente con el proceso constitucional. Y si ya resulta insólito que se pretenda ganar en base a la mala evaluación que un segmento ciudadano tiene de lo realizado, más inquietante aún es que el gobierno presente un curso de acción como algo ya resuelto, cuando sabe o debiera saber que no tiene atribuciones para resolver, porque lo que ocurra en caso de ganar el Rechazo solo podrá decidirlo el actual Congreso.
Sostener, como lo hicieron el Presidente y sus ministros, que el resultado del plebiscito de entrada fue un mandato vinculante que trasciende la actual propuesta constitucional implica cruzar una delicada línea roja, que tensiona las reglas del juego definidas en la actual institucionalidad. ¿Es eso lo que el gobierno pretende o tiene claro que solo puede proponer, pero al final será el Congreso el que dispone? El tono categórico usado por las autoridades para explicar su posición en caso de ganar el Rechazo deja al menos una duda.
En síntesis, demasiado riesgo, demasiada sorpresa y castigo para sus partidarios, demasiada incertidumbre para la opción que se dice defender. Todo ello hace improbable que esto sea mucho más que otra improvisación sobre la marcha, una tendencia que solo dificulta la posibilidad de abordar de modo responsable los enormes desafíos del presente.
Publicada en La Tercera.