“No fue la inspiración ideológica o la esencia de un presidente. Sino que el Uruguay entendió y aplicó su libertad de manera responsable”, decía en junio el Mandatario de ese país, Luis Lacalle Pou. En la misma jornada, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, lo presentaba diciendo que el jefe de Estado “se negó a confinar de una manera obligatoria a los uruguayos, y se limitó a recomendarles que tomaran las precauciones que recomendaba la sanidad de su país. Y esta concesión a la responsabilidad de los uruguayos ha funcionado extraordinariamente bien”.
Tremenda diferencia con lo que ha sucedido en Chile y la forma en que tanto el gobierno como los propios ciudadanos han actuado frente a la crisis sanitaria. Si bien en los últimos meses la nación charrúa ha aumentado sus contagios, los números distan enormemente de lo que pasa en nuestro país. Así, al 8 de enero, Uruguay tenía 6,41 muertos por cada cien mil habitantes y 668,19 contagiados por cada cien mil personas, de acuerdo a los datos entregados por RTVE.
En Chile, las cifras son escalofriantes: casi 90 fallecidos por cada 100 mil habitantes y más de tres mil contagiados por cada cien mil personas. La misma publicación asegura que “la COVID-19 es también una amenaza en Chile, uno de los países del mundo con más contagios, pese a tener solo 19 millones de habitantes… En las últimas semanas se acerca a cifras de contagios de junio y julio, cuando estuvo al borde del colapso sanitario”.
La situación es en extremo compleja y la fiesta masiva en el balneario de Cachagua esta semana, que se suma a una larga lista de encuentros sociales que se han conocido y muchos otros que no, es una muestra de que algo está fallando. Tanto así que en el caso de Viña del Mar y Valparaíso muchos alertan que hoy existen más casos activos que durante la primera cuarentena. Aun así, las redes sociales y medios de comunicación hierven en publicaciones respecto de atiborradas reuniones sociales, que contravienen las medidas sanitarias y los toques de queda, incumpliendo además con el uso de mascarilla o el distanciamiento mínimo.
Algo pasa en Chile que ni las disposiciones rígidas establecidas desde marzo de 2020, ni las amenazas de volver a cuarentena extrema, ni tampoco los llamados a la responsabilidad, funcionan. En una sociedad donde las instituciones y las autoridades no son respetadas por la ciudadanía, el margen de acción es mínimo, pues la fiscalización es prácticamente una broma, los casos siguen aumentando explosivamente y la forma utilizada para controlar el virus –al menos durante el año pasado- comienza a diluirse.
El problema es que el caso de Cachagua no es aislado, aunque haya generado mayores repercusiones, fundamentalmente porque se trata de jóvenes ligados al poder económico y político. Pero, solo unos días después de que se viralizaran las imágenes con estos chicos haciendo nulo caso de las medidas restrictivas y de los llamados de atención en el exclusivo balneario, situaciones del mismo tono se conocían en Valparaíso, con nueve detenidos y otros tanto “hombres araña” que escaparon por los techos de las casas. Antes había sido en Espacio Brodway, a la salida de Santiago. Y en los matinales es cosa de todos los días ver cómo en distintas comunas las fiestas clandestinas se toman la pantalla.
La situación en nuestro país es compleja y solo puede seguir empeorando. La ciudadanía –sobre todo los jóvenes, que se sienten inmortales frente al virus- está cansada de las medidas restrictivas y no está dispuesta a seguir cumpliéndolas a raja tabla, como sí lo fue durante los primeros meses de pandemia. La autoridad, por su parte, está de manos atadas: la capacidad de fiscalización no da el ancho, pero además hay señales confusas, como el Presidente de la República, Sebastián Piñera, paseándose sin mascarilla ni distanciamiento social, mientras el mismo gobierno se querella en contra de quienes realizan estos cuestionados eventos masivos.
Ante un inminente estado de cuarentena en la región, queda la duda de qué efecto real tendrá en los ciudadanos, en medio de un ocaso de las medidas restrictivas, la inmovilidad del gobierno y una carencia total de autorregulación por parte de los ciudadanos. En este peligroso escenario, un llamado como el que hizo en su momento Lacalle Pou, apuntando directamente al compromiso voluntario de todos los uruguayos, no tiene futuro en un país rebelde y egoísta como el nuestro. El problema está en que los castigos y sanciones tampoco funcionan en una nación profunda y completamente porfiada.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso.