El debate en torno a la desigualdad copa desde hace décadas el espacio público en Chile. Las críticas al modelo económico y sus efectos diferenciados sobre la población, la disparidad entre prestaciones públicas y privadas (por ejemplo, en salud y educación), y la relación entre economía y medioambiente conviven con un rechazo al sistema político en su conjunto, incluyendo dentro de éste la impugnación a los altos sueldos de las autoridades. Esto no es nuevo: en 1924, un grupo de jóvenes militares irrumpió en el Congreso como protesta a la introducción de la dieta parlamentaria, en un momento de parálisis para la agenda de reformas sociales. Su gesto ha quedado en la historia con la expresión «ruido de sables» (al que alude la caricatura en la imagen superior).

¿Qué nos dice este malestar sobre nuestra sociedad y su bienestar? En las últimas décadas se ha asentado con fuerza la noción de que el concepto de bienestar no solo es profundo sino multivariado. Cualquier balance del bienestar de un país en perspectiva histórica debe considerar el mayor abanico posible de indicadores, y sobre todo ir más allá del PIB per cápita. Es por ello que indicadores alternativos, tales como violencia interpersonal, estatura, habilidades numéricas y estado nutricional han ganado aceptación en cuanto estándares no solo en la academia sino también en organismos internacionales y gobiernos centrales.

En la medida que ni el GINI de la distribución del ingreso ni ningún otro indicador por si solo entregan suficientes antecedentes como para realizar un análisis acabado de la desigualdad del ingreso de cualquier sociedad, han comenzado a considerarse también otros indicadores de distribución del ingreso: la participación del 1% (ó 5% ó 10%) más rico en el total del ingreso nacional; ratios entre quintiles; el ratio Palma; entre otros. Para el caso chileno en particular, existe una importante serie de largo plazo del coeficiente GINI de ingreso personal [1], así como otros trabajos que cubren algunos de los indicadores arriba señalados para algunas décadas en particular.

Como ya lo señalaron Piketty (2014), Atkinson (2015) y Milanovic (2016) [2], entre otros, la historia de la desigualdad no puede ser concebida como resultado exclusivo de las fluctuaciones en el largo plazo de la oferta y la demanda. Por el contrario, debiese ser analizada como resultado de la interacción tanto de fuerzas de mercado como del ambiente institucional, tomando en consideración las relaciones de poder entre los actores que compiten por la distribución del ingreso nacional. El propio Piketty, en su celebrado libro, hizo un llamado a introducir nuevos indicadores de desigualdad salarial (al igual que Durán 2018 para Chile [3]). Es por ello que hemos construido dos nuevos indicadores que aportan otra dimensión al estudio de la desigualdad salarial en Chile: la visión de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre qué constituye una diferencia salarial aceptable y sobre justicia social.

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El primero de ellos es el ratio del ingreso anual del ministro de Hacienda y el ingreso anual del trabajador(a) peor pagado(a) de ese mismo ministerio, el cual hemos denominado el ratio ministro/portero. La elección de ministerio no es arbitraria: es en Hacienda donde se fija el presupuesto de la nación. El segundo indicador es el ratio del ingreso de los parlamentarios al sueldo mínimo de la economía. Nuevamente, la elección no es antojadiza: es el Congreso junto al Ejecutivo quienes fijan el sueldo mínimo. Ambos indicadores nos aportan una dimensión poco estudiada: la visión que tiene la elite política/económica de un país sobre qué distribución del ingreso es justa o aceptable. Esta elite no solo fija sus propios salarios, sino también aquellos de los que tienen los ingresos más bajos (dentro y fuera del aparato estatal) del país. ¿Qué nos dicen estos nuevos indicadores?

El primer indicador da cuenta de varios hechos: durante el siglo XIX los ministros de Hacienda en Chile disfrutaron de salarios entre 25 y 42 veces más altos que el funcionario peor pagado. Estas diferencias se redujeron en las primeras décadas del siglo XX, alcanzando su nivel más bajo en la década de 1960, cuando el ministro ganaba «apenas» 6 veces más que el portero del ministerio, en pleno apogeo del Estado de bienestar chileno. En las décadas de 1970 y 1980 se ubicó en un nivel superior al de los 60 (en torno a 10), pero lo más llamativo es, sin dudas, el aumento del ratio en el siglo XXI, cuando, con gobiernos democráticos, el país retrocedió cien años en términos de igualdad dentro del sector público. Como confesó el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre [4] para los nuevos gobiernos democráticos la prioridad fue el crecimiento, no mejoras en la distribución del ingreso. A confesión de partes, relevo de pruebas.

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Nuestro segundo ratio cubre un periodo más corto, pero aporta evidencia similar. La diferencia de ingresos entre los parlamentarios y aquellos ganando el sueldo mínimo cayó de manera importante entre las décadas de 1930 y 1960, alcanzando su nivel más bajo en 1965, cuando los «honorables» ganaron «apenas» cuatro sueldos mínimos. A partir de 1966, esta brecha volvió a crecer, llegando en 1973 a 13 veces. En la década del 2000, en nombre de la modernización del Estado, tanto los ingresos de ministros como la dieta aumentaron, llegando a niveles ni siquiera vistos para el primer ratio durante la república oligárquica del siglo XIX, afectando de buena manera la legitimidad democrática del Congreso. Este es, sin dudas, uno de los episodios más difíciles de comprender en materia de políticas públicas de distribución del ingreso del país.

Una mirada más detenida de estas tendencias y de las dinámicas políticas que la explican se encuentran en Llorca-Jaña et al [5] y Barría Traverso et al [6]. Estos nuevos indicadores entregan un mensaje importante sobre la percepción que tiene la elite política respecto de la desigualdad salarial, así como sobre el poder negociador tanto de la elite como de lo/as trabajadore/as ―en particular de los sindicatos y asociaciones de empleados― sobre la situación social del país y las respuestas que el Estado ha entregado a las demandas de la población. Ambos indicadores son resultado de una construcción social basada en buena medida en la percepción de (des)igualdad del país en un momento dado. Un estudio reciente de Jeannette von Wolfersdorff (para 2010 y 2020) también da cuenta de una brecha «excesivamente alta» entre los mejor y los peor pagados, esta vez en el sector privado.

A comienzos de 2020, con el estallido social latente, el Congreso aprobó un proyecto presentado en 2014 para reducir la dieta parlamentaria. El Consejo de Alta Dirección Pública determinó una reducción de un 25% de ingresos para las altas autoridades. Esto no cerró el debate, pues en enero de este año, buscando obtener el apoyo de los votantes de Franco Parisi, el actual presidente Gabriel Boric se comprometió a presentar un proyecto de ley para fijar un techo de diez sueldos mínimos al salario de las autoridades. ¿Hacia dónde se debe avanzar en esta materia? Los antecedentes aportados en Llorca-Jaña et al [5] y Barría Traverso et al [6] entregan nuevos y valiosos antecedentes al respecto. El nuevo gobierno ya estableció un sueldo máximo para los asesores de La Moneda ($6 millones) y trabaja en un reajuste sustancial al salario mínimo. Están por verse aún los resultados finales.

REFERENCIAS:

[1] RODRÍGUEZ Weber, J. (2017): Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política (Santiago: DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana).

[2] PIKETTY, T. (2014): Capital in the Twenty First Century (Harvard University Press) + ATKINSON, A. B. (2015): Inequality: What Can Be Done? (Harvard University Press) + MILANOVIC, B. (2016): Global Inequality: A New Approach for The Age of Globalization (Harvard University Press).

[3] DURÁN, G. (2018): «Desigualdad y salarios en perspectiva histórica, siglos XIX y XX» en A. Estafane y C. Robles, (eds.) Historia política de Chile, 1810-2010. Problemas económicos (FCE).

[4] EYZAGUIRRE, N. (2019): Desigualdad: raíces históricas y perspectivas de una crisis (Santiago: Debate).

[5] LLORCA-JAÑA, Manuel; Diego Barría; Daniel Ahumada; Aldo Poblete; Javier Rivas. «Salary inequality in Chile through a new indicator, 1845-2020», Historia 396 (2021).

[6] BARRÍA Traverso, Diego; Pierre Ostiguy; Daniel Ahumada; Aldo Poblete. «Cualquier patipelao se siente con derecho a insultar a quienes trabajan en el servicio público. Debates y tensiones en torno a la dieta parlamentaria en Chile, 1924-2020», en Economía y Política (2022).

Publicada en Ciper.

Coescrita junto a Diego Barría Traverso.