No sirve de nada borrar los tuits. Cuando se ha validado el camino de la violencia en democracia es muy difícil volver atrás; más todavía cuando se la ha normalizado hasta convertirla en una respuesta casi instintiva frente a cualquier sensación de abuso e injusticia. Girar ahora en dirección opuesta es simple oportunismo; desdecirse de todo lo dicho por años, es exponer otro rasgo del deterioro al que se ha contribuido.
Es lo que le pasa a la generación en el poder: vieron en el estallido social la oportunidad histórica de demoler el orden establecido, de sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad; lograron canalizar la rabia y la frustración colectiva hacia sus objetivos políticos, avivaron el fuego de la violencia para conseguir los cambios anhelados y tuvieron éxito socavando a sus adversarios en el gobierno. Durante largo tiempo, la destrucción del orden público y del Estado de derecho fue parte sustancial de su diseño táctico, un medio para impedir que la administración de Sebastián Piñera pudiera retomar el control del país. La fantasía de verlo desplomarse desincentivó cualquier tentación de poner el pie en el freno.
Pero ahora resulta que, de súbito instalados en La Moneda, la ausencia de orden público y de Estado de derecho les pasa la cuenta. El desvarío social al que tanto contribuyeron se ha convertido en un excelente caldo de cultivo para la inseguridad ciudadana y el crimen organizado; necesitan entonces una fuerza policial legitimada y con capacidad operativa, precisamente aquello que debilitaron durante años. No importa que sea antiestético, hoy deben borrar sus mensajes en redes sociales y dar señales de dureza frente a la delincuencia y la inmigración ilegal. Del mismo modo, otorgar respaldo irrestricto a Carabineros, una defensa a su labor institucional, dejando atrás toda amenaza de refundación de la policía uniformada.
El problema es que todo esto será inútil si no va acompañado de una dura convicción: cuando ha perdido el monopolio del uso de la fuerza, el Estado solo puede recuperarlo ejerciéndola; para recomponer los límites que definen al Estado de derecho se necesita volver a imponerlos. Más complicado todavía: en el actual grado de descomposición del orden público, la tarea de reestablecerlo va a ser larga y dolorosa, requiriendo que el gobierno tenga la voluntad de pagar los costos políticos que sean inevitables. Además, va a necesitar una oposición constructiva, dispuesta a compromisos y respaldos que también tendrán costos, es decir, va a ser imperativa una oposición con altura de miras y visión de Estado, exactamente lo contrario a la irresponsabilidad que el actual oficialismo perpetró en la administración anterior.
¿Tendrán el Presidente Boric y las fuerzas políticas de gobierno la convicción de que deben pagar el precio que todo esto involucra? ¿Hay otra alternativa? Ojalá este solo fuera un problema de borrar tuits y cambiar de opinión.
Publicada en La Tercera.