El “Latin American Economic Outlook 2021”, lanzado el 2 de diciembre por la OCDE, plantea la necesidad de conciliar diversos objetivos de política pública que permitan “una recuperación fuerte, inclusiva y ambientalmente sostenible”, de las economías de la región.
Chile ya ha recuperado su nivel de actividad, en parte estimulada por un insostenible boom de consumo, y la relajación de las restricciones asociadas al Covid. No obstante, el crecimiento económico futuro no se ve promisorio. Llevamos más de una década con crecimiento de la productividad total de factores negativa y, como decía el Nobel de Economía Paul Krugman, “cuando se trata de crecimiento de largo plazo, la productividad no es todo, pero es casi todo”.
Si a este factor estructural que viene afectando nuestro crecimiento de tendencia unimos el impacto en la inversión de las expectativas empresariales en el contexto actual, la perspectiva para los próximos años es de estancamiento del ingreso per cápita. Habiendo grandes expectativas de mejor acceso a servicios sociales y bienes públicos, esto llevaría a que se acentúe el conflicto distributivo y se debilite aún más la cohesión social, lo cual a su vez generaría un círculo vicioso que afectaría el crecimiento y la posibilidad de satisfacer dicha demanda para gran parte de la población.
La propuesta de la OCDE de un “Nuevo Pacto Social” que contemple una combinación de políticas parece ser la única opción para generar un círculo virtuoso de crecimiento sostenible e inclusión social. ¿Qué podría considerar este pacto?
En primer lugar, reorientar la inversión pública y promover la inversión privada en infraestructura para lograr una mayor sustentabilidad y resiliencia de nuestra sociedad, privilegiando inversión que promueva el transporte público, eficiencia energética, la penetración de energía eléctrica renovable y su exportación y la adaptación al cambio climático. Asimismo, una reforma tributaria que nos permita llegar en cinco años a una carga tributaria del 24% del PIB. ¿Cómo? Eliminado exenciones y franquicias, aumentado el impuesto específico a la minería, al CO2 y el diésel y combatiendo decididamente la evasión tributaria.
Por su parte, el Gobierno se comprometerí a aumentar el gasto en pensiones, salud, educación, vivienda de calidad y seguridad, con la gradualidad necesaria para converger a un déficit estructural consistente con mantener nuestra clasificación de riesgo país. Finalmente, resylta esencial concordar una estrategia de innovación que permita avanzar en sofisticación de nuestra economía, con un rol catalizador del Estado que induzca un gran esfuerzo de inversión en capital humano innovación verde, transformación digital de las empresas y del mismo Estado.
Solo una transformación productiva basada en la promoción de un Chile digital inteligente, sustentable ambientalmente e inclusivo social y culturalmente, nos dará una posibilidad real de esquivar “la trampa del ingreso medio”.
Publicada por Diario Financiero.