Nadie podría objetar que el Presidente de la República tiene la atribución de otorgar indultos. También tiene derecho, revisados los antecedentes, a formarse una opinión respecto de los fallos judiciales. Pero lo que no puede hacer, en su calidad de jefe de Estado y de gobierno, es cuestionar públicamente las resoluciones de los tribunales de justicia. Y eso es precisamente lo que Gabriel Boric hizo esta semana: informar al país que decidió indultar a un conjunto de personas porque, según su convicción, no eran delincuentes y en uno de los casos -el del ex frentista Jorge Mateluna- además se habían cometido irregularidades durante el juicio.
El Presidente no entregó antecedentes para justificar su “convicción”. Sintió que no era necesario; lo significativo fue explicitar que ejerció sus prerrogativas en base a la evaluación que él mismo hizo del trabajo de los tribunales, es decir, porque al menos en el caso de Mateluna la valoración de las pruebas no estuvo a la altura de la justicia. En otros términos, el indulto presidencial operó en los hechos como un recurso de última instancia, que permitió enmendar los eventuales errores del Poder Judicial.
Sabemos que el Presidente Boric forma parte de una generación política que considera legítimo saltarse los torniquetes en todos los ámbitos. Una semana antes de los indultos había tomado el teléfono para solicitar al presidente de la Corte Suprema un reemplazo completo de la quina de candidatos a fiscal nacional. Otro límite traspasado sin que, aparentemente, se entiendan los costos y el daño que esto provoca a las instituciones en general y a la autoridad presidencial en particular; porque forma parte del ideario de los sectores que hoy está en el poder el que a las instituciones no hay que cuidarlas, ya que todas en el fondo comparten un mismo origen de ilegitimidad, y por tanto siempre será tentador transgredirlas.
Otra vez, entonces, los giros y las explicaciones de la autoridad están de más. Lo que ha quedado nuevamente al descubierto es algo muy profundo y atávico, clave de lo que se ha vivido en Chile en estos últimos años: un sector político que no valora el Estado de derecho ni las instituciones; que mira al resto de la sociedad desde la superioridad moral; que siente que la gente va más lento y no entiende la oferta de cambios que ellos encarnan; ahora tienen también la capacidad de valorar las pruebas rendidas en un proceso judicial mejor que los propios jueces.
En síntesis, la aceptación de los límites, el cumplimiento de las reglas, la convicción de que ellas solo pueden ser cambiadas en función de procedimientos establecidos; que esto es lo único que hace posible la convivencia y abre la posibilidad de construir soluciones a los problemas colectivos; que no se saca nada con “habitar” un cargo si no se tiene la convicción de que es imprescindible cuidar lo que representa y las funciones que ejerce. De eso volvimos a ser testigos.
Publicada en La Tercera.