En las últimas décadas, Chile vivió una permanente paradoja: mientras todos los índices de delincuencia aumentaban, la reputación de Carabineros de Chile también lo hacía. Así se reflejaba al menos en todas las encuestas, y la respuesta parecía ser clara: los chilenos le perdonaban la ineficiencia en el combate a la delincuencia, pero le premiaban por su honradez.

Muchos -con orgullo- leían en las guías de turismo la primera recomendación que le hacen a los extranjeros: no coimear a la policía, lo que nos daba una razón más para sentirnos distintos del resto de los países de la región. Y eso, que sigue siendo verdad en quienes están en la calle, se ha desmoronado en la institución.

Ya vamos en $22.500 millones de desfalco y 70 involucrados de un nivel alto. Y -lo que es peor- se han ido conociendo los métodos mafiosos de cómo se compraba el silencio y fraguaba la operación en el tiempo.

¿Qué ha ocurrido transcurridos más de cuatro meses desde que se conocieron los hechos? La respuesta es clara: nada.

Los anuncios del general Villalobos de esta semana, en cuanto a que la Inspectoría General será reemplazada por la Contraloría General de Carabineros y algunas otras minuciosas, son solo comparables al maquillaje que se les practica a los occisos.

Llama la atención la pasividad que ha tenido el Gobierno en esta materia y en especial el ministro Fernández, de quien depende la policía. No solo se debió haber solicitado la renuncia de Villalobos, sino también haber ido mucho más allá, para afrontar el problema de fondo.

Llama la atención, también, el silencio de la clase política, que contrasta con los casos de colusión del mundo empresarial. Escudados en frases como que “la mayoría de los carabineros cumplen con su deber de manera honesta”, se ha obviado un problema profundo de Estado. Algunos lo han justificado diciendo que en los casos de colusión los perjudicados eran todos los chilenos. Pues bien, y ¿quiénes son los perjudicados con que el dinero que debía ir a combatir el delito haya pasado a engrosar las verdes arcas personales?

La real concomitancia con el poder político está por verse, aunque el emblema parece estar en los supuestos pagos a Javiera Blanco, donde los antecedentes conocidos hasta ahora se ven mal aspectados.

Villalobos ha transmitido veladamente el mensaje de que él tiene ascendencia sobre la tropa y que, por lo tanto, es el único que puede enfrentar el problema. Ese argumento es absurdo. No puede estar entregada la solución a quienes estaban adentro, en medio o cerca de la expoliación.

Si hay algo que dejará este Gobierno es la agenda anticorrupción que se impulsó tras los escándalos del financiamiento de la política. Pues bien, lo que corresponde en este caso es hacer lo mismo. Que la justicia actúe para castigar y que el poder civil, para cambiar la institucionalidad.

Es urgente crear una comisión Engel (sin Engel), integrada por civiles y ojalá extranjeros, que determine una nueva institucionalidad en Carabineros. Ello no se debe agotar solo en el manejo de las platas, sino también en la institucionalidad para organizar el combate al delito, materia en la cual los resultados están a la vista y donde nunca se ha aceptado una injerencia civil.

En el mundo hay distintas fórmulas para la dirección de la policía. En algunos casos está en manos de los propios policías; en otros, de civiles, e incluso, en otros -como los sheriffs- son elegidos democráticamente. Pero una cosa es quién está al mando y otra a quién le debe rendir cuenta. Y en ello no hay dos opiniones: al poder civil. Y es precisamente en aquello donde tanto el Gobierno como el poder político están renunciando a cumplir su rol.

Alguna vez un famoso político francés del siglo XIX dijo que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. Pues bien, en este caso se debe aplicar el mismo principio. El problema que se ha encontrado es demasiado serio para dejárselo a los carabineros.