Desde hace 10 años sabemos que las redes digitales permiten a grandes grupos de personas coordinarse casi a costo cero de manera instantánea y sin estar físicamente en el mismo lugar – Les llamamos entonces “flashmobs”. En los últimos 10 años, hemos aprendido que podemos estar conectados de forma permanente con quienes nos importan – ejemplo los WhatsApp familiares-, generando lo que se ha venido conociendo como una sociabilidad aumentada. Y por último, todas las instituciones, incluida la prensa, han dejado de tener el monopolio de interpretar y guiar la realidad. No es menor que la mayor parte de las personas reconozcan que se informan por redes sociales.
Estas dinámicas no son nuevas. En la retina siguen presente las protestas de los estudiantes de 2011, y quizás menos masivamente, pero de similar intensidad, movimientos como Punta Choros, las banderas negras en Aysen, los animalistas, y las grandes demandas de género y derechos civiles del año pasado, todas con características de coordinación similares. En el contexto descrito, emerge la siguiente pregunta ¿Qué hicieron las instituciones políticas para adaptarse a este nuevo escenario y dinámicas físico-digitales? Poco o nada, parece que no reconocen que el espacio de comunicación y donde hacemos comunidad cambió.
Los nuevos ciudadanos ven e interpretan los eventos desde su mano y en conexión con los que le importan. Además, tienen una opinión que comparten en un canal propio. Con todas estas condiciones, no es necesario una gran organización revolucionaria, o una invasión alienígena, para explicar como es posible ver acciones similares a gran escala, con una misma narrativa sucediendo casi al mismo tiempo en varios lugares del país. En especial cuando la injusticia social se sufre por partida doble, en carne propia y con la empatía que se experimenta al ver las historias y dolores de quienes las comparten en las redes.
Cuando pase la coyuntura de la crisis actual, y esperando que se resuelva pronto, tanto la sociedad civil, como la academia y por cierto las instituciones políticas, debemos de forma creativa generar los canales para incorporar a la ciudadanía digital, sus lenguajes, códigos, normas y sistemas de información al quehacer de la democracia. Y por si lo estaban pensando, no, no es una opción entregarles esa misión a las plataformas comerciales de redes sociales, ya que su misión no es ni ha sido nunca cuidar la sociedad o promover una sociedad más justa. Esa es tarea nuestra como ciudadanos y de nuestras instituciones políticas.
Publicada en La Segunda.