En democracia, las FF.AA. y de orden no pueden interpelar al Congreso para exigir que ciertas leyes sean aprobadas. Las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pueden ser entendidas en el contexto del dolor, rabia e impotencia por el asesinato de uno de sus subalternos, pero no pueden justificarse. En este sentido, la ministra Tohá hizo lo correcto al representarle que las instituciones armadas están obligadas a seguir los cauces institucionales, cuando sus altos mandos quieren expresar opiniones sobre temas de alcance público.
Con todo, las palabras del general Yáñez ilustran uno de los aspectos más complejos y delicados de la presente crisis de seguridad: la desconfianza existente entre el actual gobierno y la policía uniformada. Y la causa es simple: hace apenas un año, los actores políticos que integran esta administración tenían una opinión muy crítica sobre la institución. Es cosa de revisar las publicaciones que, desde el Presidente de la República a varios de sus ministros, dejaron estampadas en las redes sociales. Imposible olvidar también que uno de los íconos del estallido social apoyado por las actuales fuerzas de gobierno fue un perro “matapacos”, que terminó en el lugar que ocupaba la estatua del general Baquedano en Plaza Italia.
¿Súbitamente cambiaron las actuales autoridades de opinión sobre Carabineros? Obviamente no, solo que ahora son gobierno y no pueden expresarlas. Eso lo entienden los integrantes de la institución y también la opinión pública. Y es lo que, de algún modo, trasparentó la viuda del cabo Salazar cuando pidió al Presidente Boric no asistir a las exequias del exuniformado: “Yo no confío en este gobierno (…) los mismos políticos que hoy nos gobiernan son los que avalaban la violencia; conseguirlo todo a través de la violencia”.
¿Puede abordarse eficazmente el deterioro de la seguridad pública cuando existe un cuadro de desconfianza mutua entre la policía y la autoridad política? No, no se puede…, o se hace mucho más difícil que en un contexto de normalidad y real colaboración. ¿Quién debe dar los pasos imprescindibles para reestablecer las confianzas? El gobierno, precisamente porque las instituciones armadas no son autónomas ni deliberantes, sino que están subordinadas al poder civil. A lo que se agrega que las fuerzas políticas hoy en el poder hicieron un esfuerzo sistemático por degradar la posición de Carabineros en la sociedad, y para revertir eso hará falta mucho más que súbitos cambios de opinión.
Que la máxima jefatura de la policía diga públicamente que los integrantes de su institución no se sienten con las atribuciones para hacer uso de sus armas de servicio es una cuestión muy grave, cuyas principales víctimas son los ciudadanos expuestos a la delincuencia y al crimen organizado. El gobierno es el único que puede empezar a tomar cartas en el asunto; porque en democracia, las FF.AA. y de orden no tienen más alternativa que la no deliberación.
Publicada en La Tercera.